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EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y
yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del
Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 5/2008, de 24 de
abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
PREÁMBULO
I. Las mujeres han sido esenciales en la construcción y defensa de los derechos
y las libertades a lo largo de la historia. A pesar de ello, gran parte de
nuestras sociedades no ha reconocido el papel histórico de las mujeres y no ha
garantizado sus derechos.
La ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista parte de la
premisa que los derechos de las mujeres son derechos humanos. La violencia
machista es una grave vulneración de estos derechos y un impedimento para que
las mujeres puedan lograr la plena ciudadanía, la autonomía y la libertad.
La finalidad de la presente ley es establecer los mecanismos para contribuir a
la erradicación de la violencia machista que sufren las mujeres y reconocer y
avanzar en garantías respecto al derecho básico de las mujeres a vivir sin
ninguna manifestación de esta violencia.
La lucha contra la violencia machista es parte del proceso de las mujeres para
hacer efectivos sus derechos y construir un entorno que permita su libre
desarrollo. Este trayecto tiene una larga historia en nuestro país, gracias a la
cual las mujeres, pese a las situaciones adversas, han desarrollado unos
espacios propios de autonomía.
Esta ley parte, en primer lugar, del reconocimiento de las propias experiencias
de las mujeres que han pasado por varias situaciones de violencia, a quienes
considera agentes activas en el proceso de transformación individual y colectiva
de nuestra sociedad en cuanto al conocimiento y a la superación de este
conflicto.
Esta ley parte también del reconocimiento del papel histórico y pionero de los
movimientos feministas. El valor y la riqueza del saber y de las herramientas de
análisis y de intervención desarrolladas por los feminismos son fundamentales
para comprender el origen de la violencia machista y poder eliminarla. Asimismo,
el movimiento de mujeres de Cataluña ha jugado un papel esencial en el
desarrollo de los derechos y en la creación de espacios de libertad para las
mujeres de nuestro país.
Por lo tanto, las aportaciones realizadas por las mujeres que han sufrido
violencia y por los grupos de mujeres que han trabajado y trabajan contra las
violencias y las prácticas feministas en defensa de los derechos de las mujeres
han sido consideradas de una gran importancia en la elaboración de esta ley,
porque la reclamación del derecho de las mujeres a vivir sin violencia machista
es el resultado de los esfuerzos de miles de mujeres que han denunciado las
distintas manifestaciones de esta violencia y han hecho posible, así, incorporar
finalmente este derecho a nuestra estructura jurídica.
Es preciso reconocer, asimismo, la importancia histórica y el carácter innovador
y ejemplar de las actuaciones políticas de los entes locales en el abordaje del
fenómeno, desde la responsabilidad pública. Los entes locales y supralocales han
sido pioneros en el desarrollo de medidas y servicios de información, atención o
apoyo a las mujeres en situaciones de violencia, han construido espacios de
coordinación con el mundo asociativo y han establecido protocolos de actuación
conjunta que han inspirado buena parte de los contenidos de este texto legal.
La presente ley recoge todas estas experiencias y tiene la voluntad de
convertirse en un instrumento activo y efectivo para garantizar los derechos de
las mujeres y para poner las herramientas jurídicas para excluir de nuestra
sociedad la violencia machista. La Ley no es un punto final, sino un punto de
partida, una parte del proceso que se tendrá que completar con las prácticas de
todos los ámbitos implicados.
Las violencias ejercidas contra las mujeres han sido denominadas con diferentes
términos: violencia sexista, violencia patriarcal, violencia viril o violencia
de género, entre otros. En todos los casos la terminología indica que se trata
de un fenómeno con características diferentes de otras formas de violencia. Es
una violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de
unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. La presente ley
reconoce el carácter específico y diferenciado de esta violencia y también la
necesidad de profundizar en los derechos de las mujeres para incluir las
necesidades que tienen en el espacio social.
La Ley utiliza la expresión violencia machista porque el machismo es el concepto
que de forma más general define las conductas de dominio, control y abuso de
poder de los hombres sobre las mujeres y que, a su vez, ha impuesto un modelo de
masculinidad que todavía es valorado por una parte de la sociedad como superior.
La violencia contra las mujeres es la expresión más grave y devastadora de esta
cultura, que no solo destruye vidas, sino que impide el desarrollo de los
derechos, la igualdad de oportunidades y las libertades de las mujeres. Por ello
el derecho no puede tratar este problema social desde una perspectiva falsamente
neutral, sino que los instrumentos legales deben reconocer esta realidad para
eliminar la desigualdad social que genera. Para conseguir la igualdad material y
no provocar una doble discriminación, debe partirse de las desigualdades
sociales existentes.
La presente ley nace en el contexto de una transformación de las políticas
públicas que tiene el objetivo de enmarcar normativamente la transversalidad de
la perspectiva de género en todos los ámbitos y que contribuirá a hacer posible
el ejercicio de una democracia plena. Se trata, en definitiva, de enfocar el
fenómeno de la violencia machista como un problema vinculado al reconocimiento
social y jurídico de las mujeres.
La violencia machista se concreta en una diversidad de abusos que sufren las
mujeres. A partir de aquí se distinguen distintas formas de violencia física,
psicológica, sexual y económica, que tienen lugar en ámbitos concretos, en el
marco de unas relaciones afectivas y sexuales, en los ámbitos de la pareja,
familiar, laboral y sociocomunitario. La presente ley trata de las
manifestaciones concretas de esta violencia, ya señaladas por los movimientos de
mujeres y que han sido recogidas por la normativa internacional, europea y
estatal.
II. La normativa internacional, europea, estatal, nacional y local ha
desarrollado un amplio conjunto de derechos y medidas para erradicar las
violencias contra las mujeres.
Es preciso citar, entre otras, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), de 1979, y el correspondiente
Protocolo facultativo, de 1999. La Convención reconoce expresamente la necesidad
de cambiar las actitudes, mediante la educación de los hombres y las mujeres,
para que acepten la igualdad de derechos y superen las prácticas y los
prejuicios basados en los roles estereotipados. El Protocolo establece el
derecho de las mujeres a pedir la reparación por la violación de sus derechos.
La Conferencia de Derechos Humanos, de Viena, de 1993, proclamó que los derechos
humanos de las mujeres y las niñas son parte integral de los derechos humanos
universales, y subrayó la importancia de las tareas destinadas a eliminar la
violencia contra las mujeres en la vida pública y privada.
La Declaración de Beijing, de 1995, surgida de la IV Conferencia Mundial sobre
las Mujeres, es el documento más completo producido por una conferencia de las
Naciones Unidas con relación a los derechos de las mujeres, ya que incorpora los
resultados conseguidos en las conferencias y los tratados anteriores, entre
otros, la CEDAW y la Declaración de Viena. Se acordó la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra las mujeres, en que por primera vez se
reconoce que las causas de la violencia son estructurales, y definió lo que es
«violencia de género» (artículo 113): «la expresión violencia contra las mujeres
significa cualquier acto de violencia basado en el género que tiene como
resultado, o es probable que tenga como resultado, unos daños o sufrimientos
físicos, sexuales o psicológicos para las mujeres, incluyendo las amenazas de
dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la
vida pública como en la privada». En la Revisión de la Plataforma de acción de
Beijing, efectuada en Nueva York el junio de 2000, se dio un nuevo impulso a los
compromisos acordados para conseguir la potenciación del papel de la mujer y la
igualdad de géneros.
La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1997
condena todos los actos de violencia sexista contra la mujer, exige que se
elimine la violencia machista en la familia y en la comunidad y exhorta a los
gobiernos a actuar para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia y
proporcionar a las mujeres unas reparaciones justas y una asistencia
especializada.
La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2001/49
condena todos los actos de violencia machista contra la mujer, y especialmente
la violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto armado.
En el ámbito europeo, es preciso citar, entre otras, la Resolución del
Parlamento Europeo de septiembre de 1997, conocida como «Tolerancia cero ante la
violencia contra las mujeres», desarrollada en el año 1999, y la Decisión marco
del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001, sobre el Estatuto de la víctima en
el proceso penal, que señala la importancia de evitar los procesos de
victimización secundaria y la necesidad de servicios especializados y de
organizaciones de apoyo a la víctima.
La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de trabajo y empleo
(refundición), destaca la relevancia de adoptar medidas para combatir toda clase
de discriminación por razón de sexo en los ámbitos regulados por esta Directiva,
y, en particular, adoptar medidas eficaces para prevenir el acoso y el acoso
sexual en el puesto de trabajo.
Durante los últimos años, en el Estado se han producido avances legislativos en
materia de lucha contra la violencia machista: la Ley orgánica 11/2003, de 29 de
septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia
doméstica e integración social de los extranjeros; la Ley orgánica 15/2003, de
25 de noviembre, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la
Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. Esta última ley
ha supuesto una nueva meta en las medidas adoptadas desde los poderes públicos
al regular medidas cautelares especialísimas sin antecedente alguno en el
ordenamiento jurídico penal español. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de género, constituye la
primera ley integral europea que recoge una respuesta global a las violencias
contra las mujeres en las relaciones de pareja, con inclusión de aspectos
preventivos, educativos, sociales, laborales, asistenciales, sanitarios y
penales. Además, es necesario destacar las leyes aprobadas por varias
comunidades autónomas, dentro de los respectivos ámbitos competenciales, para
intervenir en el ámbito de la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, los planes específicos contra la violencia machista aparecen a
finales de los años noventa, primero en el ámbito estatal y después en el ámbito
autonómico y el local. También han aparecido otros instrumentos normativos, como
los protocolos y los acuerdos interinstitucionales. Así, en 1998 se aprobó el
primer Plan del Estado de acción contra la violencia doméstica (1998-2000), que
articulaba medidas en seis grandes áreas, y posteriormente el II Plan integral
contra la violencia doméstica (2001-2004), cuya aportación principal es el
establecimiento de medidas penales y procesales que dieron lugar a cambios en la
legislación penal.
En Cataluña, la Ley 11/1989, de 10 de julio, modificada por la Ley 11/2005, de 7
de julio, crea el Instituto Catalán de las Mujeres, mediante el cual se han
desarrollado varios planes para la igualdad de oportunidades para las mujeres y
de prevención de la violencia machista, y el Plan integral de prevención de la
violencia de género y de atención a las mujeres que la sufren (2002-2004), el
primero de estas características en el ámbito territorial de Cataluña. En este
sentido, es preciso mencionar la experiencia que significó el primer protocolo
interdepartamental de atención a la mujer maltratada en el ámbito del hogar
(1998), que, con carencias de definición conceptual y de eficacia, fue un
intento de establecer unas pautas para facilitar la intervención en el ámbito de
la violencia contra las mujeres, lo cual ha permitido un trabajo posterior que
no ha supuesto partir de cero.
El sexto eje del Plan de acción y desarrollo de las políticas de mujeres en
Cataluña (2005-2007), que desarrolla el Programa para el abordaje integral de
las violencias contra las mujeres, efectúa un reconocimiento de los derechos de
las mujeres como ciudadanas, remarca el sistema patriarcal que sostiene y
legitima las violencias y establece medidas coordinadas entre diferentes
departamentos y administraciones.
A nivel local, algunos municipios de Cataluña han elaborado planes o programas
específicos contra la violencia machista. Por su parte, ayuntamientos y consejos
comarcales han firmado acuerdos con entidades e instituciones para alcanzar
circuitos eficientes de actuación contra la violencia machista.
El Estatuto de Cataluña da un trato muy sensible a las mujeres y aborda de forma
específica los derechos de las mujeres ante la violencia machista. Así, en el
artículo 19 determina, como derechos de las mujeres, el libre desarrollo de la
personalidad y la capacidad personal, y vivir con dignidad, seguridad y
autonomía, libres de explotación, maltratos y todo tipo de discriminación, y más
adelante, en el artículo 41. 3 establece como uno de los principios rectores de
las políticas públicas el deber de garantizar que se haga frente de modo
integral a todas las formas de violencia contra las mujeres y a los actos de
carácter sexista y discriminatorio, y, asimismo, establece el deber de fomentar
el reconocimiento del papel de las mujeres en los ámbitos cultural, histórico,
social y económico, y el de promover la participación de los grupos y las
asociaciones de mujeres en la elaboración y evaluación de dichas políticas.
Además, en el artículo 153 aborda las políticas de género disponiendo que
corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva de la regulación de las
medidas y los instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género
y para su detección y prevención, así como la regulación de servicios y recursos
propios destinados a conseguir una protección integral de las mujeres que han
sufrido o sufren este tipo de violencia. Todo ello, junto con la competencia de
la Generalidad de Cataluña en materia de conservación, modificación y desarrollo
del derecho civil catalán, normas procesales y de procedimiento administrativo
que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña o de
las especialidades de la organización de la Generalidad, conduce a la necesidad
de aprobar la presente disposición legal.
En cuanto al derecho civil de Cataluña, el Gobierno de la Generalidad, a través
del Observatorio de Derecho Privado de Cataluña, como órgano responsable de
efectuar el seguimiento del desarrollo del ordenamiento jurídico civil, para
proceder a la modificación del Código de familia, procederá a la incorporación
de las modificaciones necesarias para garantizar los objetivos de la presente
ley. En este marco, el 30 de enero de 2007 fue aprobado el Proyecto de ley del
libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones, que aporta
una regulación nueva en el derecho de sucesiones en el sentido de incorporar los
supuestos de violencia doméstica como causas de indignidad para suceder a la
pareja.
III. La Ley se estructura en cuatro títulos, once disposiciones adicionales,
seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco
disposiciones finales.
El título I recoge las disposiciones generales de la Ley, en el que se definen
las cuestiones básicas sobre la violencia machista; el objeto, las finalidades y
el ámbito de aplicación de la Ley, y el concepto, las formas de ejercicio y los
ámbitos de manifestación de la violencia machista, tanto en el espacio público
como en el privado. Ello responde a la idea de que las formas de violencia
machista son múltiples, desde una violencia directa, vejatoria, como son los
maltratos, que pueden incluir la agresión física, psicológica y sexual, hasta la
violencia económica y la explotación de las mujeres, entre otras. Este título
asienta los principios que deben orientar las intervenciones de los poderes
públicos para erradicar esta violencia y que han regido la elaboración del
articulado, que son, entre otros, la integralidad, la transversalidad y el
compromiso de todos los poderes públicos implicados con el fin de dar una
respuesta firme y contundente y garantizar un trato adecuado y efectivo del
derecho de las mujeres a no ser discriminadas y a vivir con autonomía y
libertad, rompiendo con la visión puramente asistencialista.
Es preciso acometer la violencia machista como una vulneración de los derechos
humanos, teniendo en cuenta la naturaleza multicausal y multidimensional, por lo
que la respuesta debe ser global y obligar a todos los sistemas. Al mismo
tiempo, la integralidad y la transversalidad de las medidas exigen que cada
organismo implicado defina acciones específicas desde el ámbito respectivo de
intervención, siempre de acuerdo con dicho modelo de intervención. En esta
línea, la Ley establece que todas las actuaciones que se lleven a cabo para
garantizar los derechos y las medidas que regula tengan en cuenta las
particularidades territoriales, culturales, religiosas, personales,
socioeconómicas y sexuales de la diversidad de mujeres a las que van destinadas,
dando por sentado que ninguna particularidad justifica la vulneración de los
derechos fundamentales de las mujeres. Asimismo, la complejidad de las
estrategias necesarias en la lucha contra la violencia machista requiere
establecer mecanismos de colaboración y cooperación entre las distintas
administraciones públicas implicadas, así como fomentar la participación y la
colaboración de las entidades y las organizaciones sociales, en especial los
consejos y las asociaciones de mujeres.
El título II regula la prevención, la detección y la erradicación de la
violencia machista. El capítulo 1 configura la investigación como herramienta
básica de actuación, que obliga al Gobierno de la Generalidad a garantizar la
suficiencia de medios para asegurar que se lleve a cabo en todos los ámbitos
relacionados con la violencia machista. La promoción de esta investigación debe
ser liderada e impulsada transversalmente por el Instituto Catalán de las
Mujeres. En cuanto a la sensibilización social, el capítulo 2 determina las
actuaciones que es preciso impulsar periódicamente para optimizar el conjunto de
medidas y recursos que establece la Ley; el capítulo 3 recoge la obligación de
los poderes públicos de desarrollar las acciones necesarias para detectar e
identificar las situaciones de riesgo, así como para intervenir mediante los
protocolos específicos de actuación. En este ámbito de la detección, la Ley
obliga a todas las personas profesionales, especialmente las de la salud, de los
servicios sociales y de la educación, a intervenir cuando tengan conocimiento de
una situación de riesgo o de una evidencia fundamentada de violencia machista,
de acuerdo con los protocolos específicos y en coordinación con los servicios de
la Red de Atención y Recuperación Integral. El capítulo 4 regula la actuación de
las políticas públicas en el ámbito educativo incorporando la coeducación como
elemento fundamental en la prevención de la violencia machista. El objetivo
fundamental de la educación es proporcionar una formación integral que haga
disminuir el sexismo y el androcentrismo y que haga visibles y extienda a toda
la población escolar los saberes femeninos que han sido marginados del
currículum y de la vida escolar cotidiana. El capítulo 5 define la formación y
la capacitación obligatorias de todas las personas profesionales que intervienen
directa e indirectamente en procesos de violencia, y obliga a las
administraciones públicas de Cataluña a diseñar programas de formación a tal
fin. El capítulo 6 contiene las medidas específicas destinadas a los medios de
comunicación, que en el campo de la publicidad deben seguir la obligación de
respetar la dignidad de las mujeres y la prohibición de generar y difundir
contenidos que justifiquen o banalicen la violencia machista o inciten a su
práctica, tanto si se exhiben en medios públicos como en privados. Estas medidas
se hacen extensibles a la publicidad institucional y dinámica en Cataluña.
Finalmente, el capítulo 7 incorpora medidas en el ámbito social para combatir el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo de mercado.
El título III regula todos los derechos de las mujeres a la prevención, la
atención, la asistencia, la protección, la recuperación y la reparación
integral, que pasan a ser el núcleo central de los derechos de las mujeres en
situaciones de violencia machista. El capítulo 1 determina el derecho a la
protección efectiva, al que vincula a los cuerpos de policía autonómica y local,
los cuales deben vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas
acordadas por los órganos judiciales. En el ámbito sanitario, el capítulo 2
reconoce el derecho a la atención y la asistencia sanitarias especializadas
mediante la red de utilización pública, así como la aplicación de un protocolo
de atención y asistencia en los diferentes niveles y servicios, que debe
contener un protocolo específico para las mujeres que han sufrido una agresión
sexual. El capítulo 3 recoge los derechos de atención y reparación en distintos
ámbitos, de vivienda, de empleo y formación ocupacional, de asistencia jurídica
y de prestaciones económicas. Es preciso resaltar los mecanismos previstos para
posibilitar el acceso a los derechos de reparación establecidos en este
capítulo. Varios estudios han demostrado que muchas mujeres que sufren esta
violencia no pueden ejercer plenamente sus derechos sin pasar por la
acreditación penal de la violencia. Por esta razón, el texto amplía el abanico
de posibilidades de identificación de la violencia machista.
En cuanto a los derechos de reparación, el derecho de acceso a una vivienda se
concreta en el acceso prioritario a las viviendas de promoción pública. Otra
medida importante es el derecho al empleo y a la formación ocupacional, y en
este sentido la Ley regula una serie de medidas, como por ejemplo el
establecimiento de subvenciones para la contratación de este colectivo de
mujeres. En el ámbito económico, se han incluido en este capítulo varias ayudas,
porque se considera que son imprescindibles para las mujeres con una desventaja
social y económica más elevada, aunque no deben concebirse como elemento
aislado, sino como un instrumento más para desarrollar los derechos de las
mujeres. Las prestaciones económicas deben ser suficientes para restablecer una
vida digna de las mujeres y deben tener la duración necesaria para favorecer su
recuperación e inserción en el mundo laboral y su restitución al lugar que les
corresponde en la sociedad. Los procesos de recuperación que incluyen a las
hijas e hijos de las mujeres son largos y costosos. La recuperación va más allá
de la separación del agresor, de la inserción laboral y de la restitución de la
autoestima. La recuperación es el proceso personal y social que efectúa una
mujer, incluida la reparación, a través del cual se produce el restablecimiento
de los ámbitos dañados por la situación vivida, en todas las áreas, para
restablecer todas las capacidades y potencialidades que esta violencia le ha
sustraído.
La Ley también recoge el derecho a acceder a la asistencia jurídica, a percibir
la renta mínima de inserción y las ayudas escolares teniendo en cuenta
exclusivamente los ingresos y rentas individuales de cada mujer, con los límites
establecidos por la legislación aplicable.
Otro aspecto importante de la presente ley es la constitución de un fondo de
garantía de pensiones y prestaciones para cubrir el impago de pensiones
alimenticias y compensatorias, introducido por el artículo 44 de la Ley 18/2003,
de 4 de julio, de apoyo a las familias. Este fondo, que debe operar con carácter
de anticipo, debe activarse cuando exista la constatación judicial de
incumplimiento del deber de satisfacer las pensiones, lo cual conlleva una
situación de precariedad económica.
Cabe destacar el capítulo 4 de dicho título III, que obliga al Gobierno de la
Generalidad a desarrollar modelos de intervención integral en todo el territorio
de Cataluña, mediante una red de servicios de calidad en todos los ámbitos, que
sea capaz de dar respuestas adecuadas, ágiles, próximas y coordinadas a las
necesidades de las mujeres que están en situaciones de violencia machista. Dicho
capítulo, pues, regula la Red de Atención y Recuperación Integral para las
mujeres en situaciones de violencia machista, y establece los recursos y
servicios que deben integrarla y las personas a las que se destinan, en función
de la especificidad de la violencia machista. Todos los recursos y servicios
públicos recogidos en el artículo 54.2 tienen carácter gratuito. Finalmente, se
concreta la creación y gestión de los servicios de la Red en función de las
respectivas competencias de las administraciones públicas de Cataluña.
El capítulo 5 recoge las acciones de los poderes públicos en situaciones
específicas. De este modo la Ley pretende eliminar las barreras que dificultan
el acceso a los servicios y las prestaciones a las mujeres que se hallan en
estas situaciones. Se señalan, pues, medidas específicas para las mujeres en
varias situaciones o ámbitos: inmigración, prostitución, mundo rural, vejez,
transexualidad, discapacidad, virus de inmunodeficiencia humana, etnia gitana y
centros de ejecución penal. Merece una mención específica la obligación del
Gobierno de la Generalidad de promover la mediación comunitaria en las familias
cuando exista riesgo de mutilaciones genitales. En este supuesto debe contar con
mecanismos sanitarios de intervención quirúrgica para poder hacer frente a la
demanda de las mujeres que quieran revertir los efectos de la mutilación
practicada, así como mecanismos de apoyo psicológico, familiar y comunitario.
El título IV, bajo la rúbrica «De las competencias, la organización y la
intervención integral contra la violencia machista», delimita en el capítulo 1
las disposiciones generales sobre el régimen competencial y la coordinación y
colaboración interadministrativas, y en el capítulo 2 concreta las competencias
de la administración autonómica y la administración local. A su vez, la Ley
determina que el Instituto Catalán de las Mujeres, además de cumplir todas las
funciones que tiene atribuidas por la legislación vigente, es el instrumento
vertebrador para hacer frente a la violencia machista. Este instituto debe
liderar, por lo tanto, las políticas del Gobierno contra la violencia machista;
debe diseñarlas e impulsarlas con los demás departamentos implicados y, en
síntesis, debe velar por la adecuación de los planes y programas que se lleven a
cabo, coordinando y garantizando el trabajo transversal en todos los ámbitos. En
este sentido, se crea el Centro de Estudios, Investigación y Capacitación sobre
Violencia Machista, como órgano dependiente del Instituto Catalán de las
Mujeres, que se configura como herramienta permanente de estudios e
investigación sobre la violencia machista y de formación y capacitación de
profesionales. Se crea también la Comisión Nacional para una Intervención
Coordinada contra la Violencia Machista, como órgano específico de coordinación
institucional, impulso, seguimiento, control y evaluación de las actuaciones en
el abordaje de la violencia machista.
En consonancia con el artículo 41. 3 del Estatuto de autonomía de Cataluña, que
establece, como principio rector de la actividad de los poderes públicos de
Cataluña, la necesidad de garantizar que se aborden de forma integral todas las
formas de violencia contra las mujeres, el capítulo 3 de la Ley establece que el
Instituto Catalán de las Mujeres elabore los programas de intervención integral
contra la violencia machista como instrumentos de planificación que recogen el
conjunto de objetivos y medidas que el Gobierno debe implantar en la
erradicación de esta violencia y que deben incluirse en el marco general de las
políticas de mujeres. La violencia machista está profundamente arraigada en las
estructuras sociales, por este motivo es preciso partir de la consideración del
carácter estructural y de la naturaleza multidimensional de esta violencia.
Estos programas deben ser aprobados por el Gobierno con una vigencia de cuatro
años. Las administraciones locales y las entidades de mujeres deben participar
en la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas. En este sentido,
los protocolos para una intervención coordinada contra la violencia machista
resultan mecanismos de apoyo y coordinación de las instituciones y los distintos
agentes implicados en la materia. Finalmente, se recogen las especificidades en
cuanto a la participación y fomento de los entes locales y los consejos y
asociaciones de mujeres.
Las disposiciones adicionales recogen las distintas modificaciones de preceptos
de leyes vigentes necesarias para su acomodación a las exigencias y
disposiciones de la presente ley, así como la revisión de los currículos
educativos en el marco de la acción coeducadora, establecida por la Ley. Junto
con estas modificaciones del ordenamiento, se incluyen también regulaciones
específicas relativas a la responsabilidad de la Administración de la
Generalidad de garantizar los recursos necesarios para dar el cumplimiento
adecuado a la ordenación y provisión de las acciones y los servicios que
establece la presente ley, y dotar un fondo económico específico anual a favor
de los entes locales.
Las disposiciones transitorias establecen que debe evaluarse el impacto social
de la Ley, así como la potestad del Gobierno de la Generalidad de actualizar los
servicios de la Red.
Las disposiciones finales habilitan para el desarrollo reglamentario de los
preceptos de la Ley y establecen que el Gobierno debe desempeñar y regular el
Fondo de garantía de pensiones y prestaciones para cubrir el impago de pensiones
alimenticias y compensatorias, y que debe efectuar las previsiones
presupuestarias necesarias para atender las prestaciones económicas y las
prestaciones de servicios reconocidos, y, finalmente, la entrada en vigor de la
Ley.
TITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente ley tiene por objeto la erradicación de la violencia machista y
la remoción de las estructuras sociales y los estereotipos culturales que la
perpetúan, con la finalidad que se reconozca y se garantice plenamente el
derecho inalienable de todas las mujeres a desarrollar su propia vida sin
ninguna de las formas y ámbitos en que esta violencia puede manifestarse.
2. La presente ley establece medidas integrales respecto a la prevención y la
detección de la violencia machista y de sensibilización respecto a esta
violencia, con la finalidad de erradicarla de la sociedad, así como reconoce los
derechos de las mujeres que la sufren a la atención, asistencia, protección,
recuperación y reparación integral.
Artículo 2. Garantía de los derechos de las mujeres.
1. Todas las mujeres que se hallan en situaciones de violencia machista, así
como sus hijos e hijas dependientes, que vivan o trabajen en Cataluña y con
independencia de la vecindad civil, la nacionalidad o la situación
administrativa y personal, tienen garantizados los derechos que la presente ley
les reconoce, sin perjuicio de lo establecido por la legislación en materia de
extranjería y de la exigencia de determinados requisitos para las diferentes
prestaciones y servicios.
2. Las referencias a las mujeres incluidas en la presente ley se entiende que
incluyen también a las niñas y adolescentes, salvo que se indique de otro modo.
Artículo 3. Definiciones.
A efectos de la presente ley, se entiende por
a) Violencia machista: la violencia que se ejerce contra las mujeres como
manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en el marco de
un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que,
producida por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas,
intimidaciones y coacciones, tenga como resultado un daño o padecimiento físico,
sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el
privado.
b) Sensibilización: el conjunto de acciones pedagógicas y comunicativas
encaminadas a generar cambios y modificaciones en el imaginario social que
permitan avanzar hacia la erradicación de la violencia machista.
c) Prevención: el conjunto de acciones encaminadas a evitar o reducir la
incidencia de la problemática de la violencia machista mediante la reducción de
los factores de riesgo, e impedir así su normalización, y las encaminadas a
sensibilizar la ciudadanía, especialmente a las mujeres, en el sentido de que
ninguna forma de violencia es justificable ni tolerable.
d) Detección: la puesta en funcionamiento de diferentes instrumentos teóricos y
técnicos que permitan identificar y hacer visible la problemática de la
violencia machista, tanto si aparece de forma precoz como de forma estable, y
que permitan también conocer las situaciones en las que se debe intervenir, para
evitar su desarrollo y cronicidad.
e) Atención: el conjunto de acciones destinadas a una persona para que pueda
superar las situaciones y consecuencias generadas por el abuso en los ámbitos
personal, familiar y social, garantizando su seguridad y facilitándole la
información necesaria sobre los recursos y procedimientos para que pueda
resolver la situación.
f) Recuperación: la etapa del ciclo personal y social de una mujer que ha vivido
situaciones de violencia en que se produce el restablecimiento de todos los
ámbitos dañados por la situación vivida.
g) Reparación: el conjunto de medidas jurídicas, económicas, sociales,
laborales, sanitarias, educativas y similares adoptadas por los distintos
organismos y agentes responsables de la intervención en el ámbito de la
violencia machista, que contribuyen al restablecimiento de todos los ámbitos
dañados por la situación vivida.
h) Victimización secundaria o revictimización: el maltrato adicional ejercido
contra las mujeres que se hallan en situaciones de violencia machista como
consecuencia directa o indirecta de los déficits cuantitativos y cualitativos de
las intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables, así como por
las actuaciones no acertadas provenientes de otros agentes implicados.
i) Precariedad económica: situación de una persona que tiene una percepción de
ingresos igual o inferior al indicador de renta de suficiencia de Cataluña, que
se establece anualmente.
Artículo 4. Formas de violencia machista.
1. A efectos de la presente ley, la violencia machista puede ejercerse en alguna
de las siguientes formas:
a) Violencia física: comprende cualquier acto u omisión de fuerza contra el
cuerpo de una mujer, con el resultado o el riesgo de producirle una lesión
física o un daño.
b) Violencia psicológica: comprende toda conducta u omisión intencional que
produzca en una mujer una desvaloración o un sufrimiento, mediante amenazas,
humillación, vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal,
insultos, aislamiento o cualquier otra limitación de su ámbito de libertad.
c) Violencia sexual y abusos sexuales: comprende cualquier acto de naturaleza
sexual no consentido por las mujeres, incluida la exhibición, la observación y
la imposición, mediante violencia, intimidación, prevalencia o manipulación
emocional, de relaciones sexuales, con independencia de que la persona agresora
pueda tener con la mujer o la menor una relación conyugal, de pareja, afectiva o
de parentesco.
d) Violencia económica: consiste en la privación intencionada y no justificada
de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y, si procede,
de sus hijas o hijos, y la limitación en la disposición de los recursos propios
o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.
2. La violencia machista puede ejercerse de forma puntual o de forma reiterada.
Artículo 5. Ámbitos de la violencia machista.
La violencia machista puede manifestarse en algunos de los siguientes ámbitos:
Primero. Violencia en el ámbito de la pareja: consiste en la violencia física,
psicológica, sexual o económica ejercida contra una mujer y perpetrada por el
hombre que es o ha sido su cónyuge o por la persona que tiene o ha tenido con
ella relaciones similares de afectividad.
Segundo. Violencia en el ámbito familiar: consiste en la violencia física,
sexual, psicológica o económica ejercida contra las mujeres y las menores de
edad en el seno de la familia y perpetrada por miembros de la propia familia, en
el marco de las relaciones afectivas y los vínculos del entorno familiar. No se
incluye la violencia ejercida en el ámbito de la pareja, definida en el apartado
primero.
Tercero. Violencia en el ámbito laboral: consiste en la violencia física, sexual
o psicológica que puede producirse en el centro de trabajo y durante la jornada
laboral, o fuera del centro de trabajo y del horario laboral si tiene relación
con el trabajo, y que puede adoptar dos tipologías:
a) Acoso por razón de sexo: lo constituye un comportamiento no deseado
relacionado con el sexo de una persona en ocasión del acceso al trabajo
remunerado, la promoción en el puesto de trabajo, el empleo o la formación, que
tenga como propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de las
mujeres y crearles un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u
ofensivo.
b) Acoso sexual: lo constituye cualquier comportamiento verbal, no verbal o
físico no deseado de índole sexual que tenga como objetivo o produzca el efecto
de atentar contra la dignidad de una mujer o crearle un entorno intimidatorio,
hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto.
Cuarto. Violencia en el ámbito social o comunitario, que comprende las
siguientes manifestaciones:
a) Agresiones sexuales: consisten en el uso de la violencia física y sexual
ejercida contra las mujeres y las menores de edad que está determinada por el
uso premeditado del sexo como arma para demostrar poder y abusar del mismo.
b) Acoso sexual
c) Tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas
d) Mutilación genital femenina o riesgo de padecerla: incluye cualquier
procedimiento que implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de
los genitales femeninos o produzca lesiones en los mismos, aunque exista
consentimiento expreso o tácito de la mujer.
e) Matrimonios forzados
f) Violencia derivada de conflictos armados: incluye todas las formas de
violencia contra las mujeres que se producen en estas situaciones, como por
ejemplo el asesinato, la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado,
el aborto forzado, la esterilización forzada, la infección intencionada de
enfermedades, la tortura o los abusos sexuales.
g) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como
por ejemplo los abortos selectivos y las esterilizaciones forzadas.
Quinto. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de
lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres.
Artículo 6. Finalidades.
Las medidas que esta ley establece tienen como finalidades
a) Facilitar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la
autonomía y la libertad de las mujeres
b) Establecer mecanismos para hacer investigación sobre violencia machista y
difundir sus resultados, así como para la sensibilización social y la
información destinada a las mujeres.
c) Dotar a los poderes públicos de Cataluña de instrumentos eficaces para
erradicar la violencia machista en los ámbitos preventivo, educativo, formativo,
de los medios de comunicación y laboral y social.
d) Establecer los derechos de las mujeres que se encuentran en situación de
violencia machista, exigibles ante las administraciones públicas, así como para
sus hijos e hijas, además de asegurar su acceso gratuito a los servicios
públicos que se establezcan.
e) Garantizar derechos económicos para las mujeres que se hallan en situación de
violencia machista, con el fin de facilitarles el proceso de recuperación y
reparación.
f) Crear la Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres que sufren
violencia machista, integrada por un conjunto de recursos y servicios públicos
para la atención, asistencia, protección, recuperación y reparación.
g) Establecer mecanismos para una intervención integral y coordinada contra la
violencia machista, mediante la colaboración de las administraciones públicas de
Cataluña, y la participación de las entidades de mujeres, profesionales y
organizaciones ciudadanas que actúan contra la violencia machista.
h) Concretar medidas para introducir la especialización de todos los colectivos
profesionales que intervienen en la atención, asistencia, protección,
recuperación y reparación destinadas a las mujeres y las demás víctimas de la
violencia machista.
i) Garantizar el principio de adecuación de las medidas, para que en el momento
de su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y las demandas específicas
de todas las mujeres que sufren la violencia machista.
Artículo 7. Principios orientadores en las intervenciones de los poderes
públicos.
Los poderes públicos de Cataluña, para lograr las finalidades establecidas por
el artículo 6, deben seguir los siguientes criterios de actuación:
a) El compromiso con la efectividad del derecho de no discriminación de las
mujeres.
b) La consideración del carácter estructural y la naturaleza multidimensional de
la violencia machista, en especial en cuanto a la implicación de todos los
sistemas de atención y reparación.
c) La consideración del carácter integral de las medidas, que deben tener en
cuenta todos los daños que las mujeres, los menores y las menores sufren como
consecuencia de la violencia machista, también los daños sociales y económicos,
y los efectos de esta violencia en la comunidad.
d) La transversalidad de las medidas, de modo que cada poder público implicado
debe definir acciones específicas desde su ámbito de intervención, de acuerdo
con modelos de intervención globales, en el marco de los programas cuatrienales
de intervención integral contra la violencia machista en Cataluña.
e) La debida consideración de las particularidades territoriales, culturales,
religiosas, personales, socioeconómicas y sexuales de la diversidad de las
mujeres en situación de violencia machista, así como sus necesidades
específicas, considerando que ninguna particularidad justifica la vulneración de
los derechos fundamentales de las mujeres.
f) La proximidad y el equilibrio de las intervenciones en el territorio, con una
atención específica en las zonas rurales.
g) El compromiso que la construcción de las respuestas a la violencia machista
debe efectuarse desde las necesidades específicas y las experiencias de las
mujeres en situaciones de violencia, a partir de las metodologías y las
prácticas que desde la sociedad civil y académica y las organizaciones
feministas en especial han ido definiendo a través de la experiencia.
h) La consideración de las dificultades singulares en que se encuentran mujeres
de determinados colectivos en situaciones específicas, de acuerdo con el
capítulo 5 del título III.
i) El compromiso activo de garantizar la privacidad de los datos personales de
las mujeres en situación de violencia, así como las demás personas implicadas o
de los testigos, de acuerdo con la legislación aplicable.
j) La evitación de la victimización secundaria de las mujeres y el
establecimiento de medidas que impidan la reproducción o la perpetuación de los
estereotipos sobre las mujeres y la violencia machista.
k) El compromiso en la necesidad de que todas las personas profesionales que
atienden a las mujeres en situaciones de violencia dispongan de la debida
capacitación y formación especializada.
l) El fomento de los instrumentos de colaboración y cooperación entre las
distintas administraciones públicas para todas las políticas públicas de
erradicación de la vio lencia machista y, en especial, el diseño, el seguimiento
y la evaluación de las medidas y los recursos que deben aplicarse.
m) El fomento de los instrumentos de participación y colaboración con las
organizaciones sociales, en especial las de mujeres, como los consejos de
mujeres, el movimiento asociativo de mujeres y los grupos de mujeres
pertenecientes a movimientos sociales y sindicales, en el diseño, el seguimiento
y la evaluación de las políticas públicas para erradicar la violencia machista.
n) La participación profesional y social, que implica contar con todas las
personas profesionales de los diferentes ámbitos que puedan atender la
complejidad de las formas de violencia machista y con el criterio y la
participación de los colectivos afectados.
o) La necesidad de la celeridad de las intervenciones, para posibilitar una
adecuada atención y evitar el incremento de la victimización.
p) La limitación de la mediación, con la interrupción o, si procede, la
paralización del inicio de cualquier proceso de mediación familiar si hay
implicada una mujer que ha sufrido o sufre cualquier forma de violencia machista
en el ámbito de la pareja o el familiar objeto de la mediación.
q) La vinculación del Gobierno de la Generalidad con los derechos de las mujeres
y el cumplimiento del principio de igualdad de todas las personas que viven en
Cataluña, de acuerdo con el artículo 37 del Estatuto.
TITULO II
De la prevención, la detección y la erradicación de la violencia machista
CAPITULO 1
Investigación en violencia machista
Artículo 8. Fomento, alcance y difusión de la investigación.
1. El Gobierno debe aportar los medios necesarios para asegurar que se lleve a
cabo investigación en el ámbito universitario y especializado en todos los temas
relacionados con la violencia machista, con el objetivo de mejorar la
prevención, la atención y la efectividad de la recuperación en situaciones de
violencia machista y conseguir su erradicación.
2. La investigación debe incluir todas las manifestaciones de la violencia
machista, así como el diferente impacto que tiene esta violencia en colectivos
específicos de mujeres y en las menores y los menores que indirectamente o
directamente la sufren. Asimismo, la investigación debe desarrollar programas
innovadores que tengan como objetivo definir, ensayar y evaluar estrategias
proactivas y preventivas con relación a los perpetradores de violencia machista.
3. La promoción de la investigación debe ser liderada transversalmente por el
Instituto Catalán de las Mujeres, que debe establecer los necesarios acuerdos de
colaboración en el ámbito universitario y especializado para llevarla a cabo.
4. Debe llevarse a cabo la difusión del conocimiento sobre la violencia machista
en todos los ámbitos sociales y, muy especialmente, entre las personas
profesionales que trabajan con las mujeres en situaciones de violencia, y por
todos los medios que estén al alcance.
CAPITULO 2
Sensibilización social e información para prevenir y eliminar la violencia
machista
Artículo 9. Actuaciones de información y sensibilización social.
1. Las administraciones públicas de Cataluña deben impulsar y desarrollar
periódicamente actuaciones informativas y estrategias de sensibilización social
destinadas a prevenir y eliminar la violencia machista.
2. Las actuaciones de información tienen por objeto dar a conocer:
a) Los derechos de las mujeres que sufren situaciones de violencia machista o
que se hallan en riesgo de sufrirlas, tipificadas por la presente ley y toda la
legislación aplicable, así como los medios de identificación de dichas
situaciones.
b) Los servicios disponibles de asistencia y protección, y los de recuperación y
reparación, destinados a las mujeres que han sufrido o sufren violencia
machista.
c) Los deberes de la ciudadanía, del personal al servicio de las
administraciones públicas de Cataluña y de agentes sociales ante el conocimiento
o riesgo de concurrencia de situaciones de violencia en los ámbitos familiar,
laboral, docente, vecinal y social, en general.
3. Para diseñar y distribuir la información a que se refiere este artículo deben
atenderse a las particularidades territoriales, culturales, religiosas,
económicas, sexuales y personales de la población.
4. Las actuaciones de información y sensibilización social contra la violencia
machista deben llevarse a cabo de forma que se garantice el acceso universal a
estas actuaciones, teniendo en cuenta las situaciones personales y sociales que
puedan dificultar su acceso. Estas actuaciones deben ofrecerse en formato
accesible y comprensible y debe garantizarse el uso de las modalidades y las
opciones de comunicación que sean necesarias.
5. Las actuaciones de sensibilización tienen como objetivo modificar los mitos,
los modelos, los prejuicios y las conductas con relación a las mujeres y la
violencia machista, y deben recoger los siguientes elementos:
a) Presentar el fenómeno como multidimensional
b) Enmarcar el fenómeno en la distribución desigual de poder entre mujeres y
hombres.
c) Hacer visibles los modelos agresivos vinculados a la masculinidad tradicional
y las conductas pasivas o subordinadas tradicionalmente vinculadas a los valores
femeninos.
d) Diferenciar el origen y las causas de la violencia machista de los problemas
concretos añadidos que puedan afectar a los agresores, como alteraciones
mentales, toxicomanías y alcoholismo, y de determinados niveles culturales,
estatus socioeconómico y procedencia cultural.
e) Presentar a las mujeres que han sufrido violencia machista como personas que
han podido activar los recursos propios y superar las situaciones de violencia.
CAPITULO 3
Detección de la violencia machista
Artículo 10. Actuaciones de las administraciones públicas.
1. Las administraciones públicas de Cataluña deben desarrollar las acciones
necesarias para detectar e identificar situaciones de riesgo o existencia de
violencia machista.
2. Las administraciones públicas de Cataluña deben establecer líneas de apoyo
destinadas a la organización y ejecución de las actividades de prevención que
establece la presente ley.
Artículo 11. Obligación de intervención y comunicación.
1. Todas las personas profesionales, especialmente profesionales de la salud,
los servicios sociales y la educación, deben intervenir obligatoriamente cuando
tengan conocimiento de una situación de riesgo o de una evidencia fundamentada
de violencia machista, de acuerdo con los protocolos específicos y en
coordinación con los servicios de la Red de Atención y Recuperación Integral.
2. Los contratos que las administraciones públicas de Cataluña suscriban con
personas o entidades privadas que prestan servicios en los ámbitos profesionales
a que se refiere el apartado 1 deben recoger expresamente las obligaciones de
intervención.
3. Las obligaciones a que se refieren los apartados 1 y 2 se entienden sin
perjuicio del deber de comunicación de los hechos a los cuerpos y fuerzas de
seguridad o al Ministerio Fiscal.
CAPITULO 4
Ámbito educativo
Artículo 12. Coeducación.
1. La coeducación, a efectos de la presente ley, es la acción educadora que
valora indistintamente la experiencia, las aptitudes y la aportación social y
cultural de las mujeres y los hombres, en igualdad de derechos, sin estereotipos
sexistas y androcéntricos, ni actitudes discriminatorias, para conseguir el
objetivo de construir una sociedad sin subordinaciones culturales y sociales
entre mujeres y hombres. Los principios de la coeducación son un elemento
fundamental en la prevención de la violencia machista.
2. Los valores de la coeducación y los principios de la escuela inclusiva, para
alcanzar el objetivo a que se refiere el apartado 1, deben tener un carácter
permanente y transversal en la acción de gobierno del departamento competente en
materia educativa.
Artículo 13. Currículos educativos.
Los contenidos curriculares deben aplicar el principio de coeducación en todos
los niveles de la enseñanza, en los términos que se establezcan por reglamento.
Artículo 14. Supervisión de los libros de texto y otro material educativo.
El departamento de la Administración de la Generalidad competente en materia
educativa debe supervisar los libros de texto y otros materiales curriculares,
como parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la administración
educativa sobre todos los elementos que integran el proceso de enseñanza y
aprendizaje, para garantizar contenidos de acuerdo con el principio de la
coeducación.
Artículo 15. Formación y capacitación del profesorado.
1. El Gobierno debe facilitar la formación y la capacitación específica y
permanente de las personas profesionales de la educación en materia de violencia
machista y de desarrollo de los derechos de las mujeres.
2. El departamento competente en materia educativa debe incluir en los planes de
formación iniciales y permanentes del profesorado una formación específica en
materia de coeducación. Asimismo, debe facilitar las herramientas metodológicas
de actuación ante situaciones concretas de violencia machista.
Artículo 16. Análisis e interpretación de la cultura de la violencia.
El Gobierno debe fomentar que las personas profesionales de la educación tengan
una formación específica en materia de análisis e interpretación de las
construcciones culturales que naturalicen el uso de la violencia y,
concretamente, de la violencia machista.
Artículo 17. Ámbito de la enseñanza universitaria.
Las administraciones competentes en materia de universidades deben asegurar que,
en el marco de los currículos de las disciplinas relacionadas con los ámbitos de
la presente ley pertenecientes a los estudios universitarios de grado, máster y
doctorado, se incorporen contenidos formativos para dar cumplimiento al objetivo
y finalidades de la presente ley.
CAPITULO 5
Formación y capacitación de profesionales
Artículo 18. Programas de formación específica sobre la violencia machista.
Las administraciones públicas de Cataluña, en colaboración con entidades y
personas profesionales expertas en la materia y, si procede, también con el
mundo universitario, deben diseñar programas de formación específica en materia
de violencia machista. Esta formación específica debe diferenciar dos niveles:
a) El nivel de formación básica, dirigido a todas las personas profesionales que
intervienen indirectamente en procesos de violencia.
b) El nivel de formación capacitadora, dirigido a las personas profesionales que
intervienen directamente en procesos de violencia. Este nivel debe definir y
determinar tratamientos específicos para los diferentes colectivos de mujeres y
para los distintos tipos de violencia.
Artículo 19. Formación de profesionales.
1. El Gobierno debe garantizar la formación capacitadora de todas las personas
profesionales que trabajan en la prevención, detección, atención, asistencia,
recuperación y reparación en situaciones de violencia machista.
2. El Gobierno debe promover la formación específica de capacitación del
personal inspector de trabajo y del personal judicial y no judicial al servicio
de la Administración de justicia y de la Fiscalía en Cataluña que intervengan en
los procesos judiciales relacionados con la violencia machista.
3. Los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y empresariales y
las administraciones públicas competentes deben asegurar que la formación y
capacitación específicas a que se refiere el presente artículo se incorporen en
los correspondientes programas de formación.
4. La formación debe incluir programas de apoyo y cuidado de las personas
profesionales implicadas en el tratamiento de la violencia machista para
prevenir y evitar los procesos de agotamiento y desgaste profesional.
5. En los cursos de formación a que se refiere el presente artículo debe
introducirse la diversidad femenina, en especial la especificidad de los
colectivos de mujeres a que se refiere el capítulo 5 del título III.
CAPITULO 6
Medios de comunicación
Artículo 20. Atribuciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña.
El Consejo del Audiovisual de Cataluña, como autoridad reguladora, debe
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores de los
servicios de comunicación audiovisual relativas a asegurar un trato de las
mujeres de conformidad con los principios y valores establecidos por la presente
ley.
Artículo 21. Protocolos de los medios de comunicación.
1. El Consejo del Audiovisual de Cataluña debe promover acuerdos y convenios de
autorregulación o corregulación en todos los medios de comunicación social, los
cuales deben incorporar criterios orientadores con relación a la actuación de
los programas ante la violencia machista y la representación de las mujeres.
2. Las normas de autorregulación a que se refiere el apartado 1 deben tener
carácter de códigos éticos y actuar como guías de conducta para los medios de
comunicación y como pauta de control a posteriori.
Artículo 22. Contenidos y publicidad con relación a la violencia machista.
1. En los medios de comunicación social que estén dentro del ámbito competencial
de la Generalidad quedan prohibidas:
a) La elaboración y difusión de contenidos y anuncios publicitarios que,
mediante su tratamiento o puesta en escena, inciten a la violencia machista o la
justifiquen o banalicen, o que vehiculen tácita o implícitamente mensajes
sexistas y misóginos.
b) La reiteración sistemática en la profusión o difusión de mensajes que
desautoricen a las mujeres o las traten vejatoria u objetualmente.
2. La publicidad institucional y la publicidad dinámica en Cataluña deben
respetar las disposiciones establecidas sobre publicidad y deben velar
especialmente por el respeto a los principios especificados por el apartado 1,
sin perjuicio de las competencias del Consejo del Audiovisual de Cataluña en la
materia.
Artículo 23. Tratamiento de la información.
En el marco del ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de
información, los medios de comunicación social gestionados o financiados por las
administraciones públicas de Cataluña deben tratar la información que ofrecen de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) Hacer un uso no sexista ni androcéntrico del lenguaje y fomentar una
presencia equilibrada y una imagen plural de los dos sexos, al margen de los
cánones de belleza y de estereotipos sexistas. Difundir imágenes masculinas
alejadas de los estereotipos machistas.
b) Velar para que, en todos los elementos de la puesta en escena o en el
tratamiento de la información, las mujeres sean presentadas con toda autoridad y
respeto, haciendo visibles las aportaciones que han realizado en todos los
ámbitos de la sociedad y considerando su experiencia como fuente documental de
primera importancia
c) Promover y favorecer los contenidos en los cuales queden patentes los
derechos efectivos de las mujeres.
d) Dar a conocer las noticias sobre acontecimientos relacionados con la
violencia machista, excluyendo los elementos que le puedan dar un aspecto
morboso y que contravengan a los principios de la profesión periodística en
Cataluña.
Artículo 24. Obligaciones de servicio público.
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y los operadores locales deben
incluir, entre las obligaciones de servicio público, la obligación de promover
la sensibilización de la sociedad catalana en cuanto al respeto y el
reconocimiento de los saberes y las aportaciones de las mujeres, y contra
cualquier forma de violencia machista.
Artículo 25. Autorizaciones para la prestación de servicios de comunicación
audiovisual.
Los pliegos de cláusulas administrativas para adjudicar títulos habilitantes
para la prestación de servicios de comunicación audiovisual de radio y
televisión, que, según la normativa correspondiente, se otorgan por concurso
público, deben incluir la valoración de un código deontológico sobre el
tratamiento adecuado de la violencia machista como uno de los criterios de
adjudicación.
Artículo 26. Ayudas y subvenciones.
1. Las bases de las convocatorias de ayudas y subvenciones que tengan como
beneficiarios a medios de comunicación deben incluir su compromiso de fomentar
los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de las mujeres.
2. El incumplimiento del compromiso establecido por el apartado 1 constituye una
causa de revisión y, si procede, de revocación de la ayuda o subvención.
CAPITULO 7
Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral y social
Artículo 27. Actuaciones de sensibilización y formación.
El Gobierno, mediante los instrumentos legales ya existentes, debe promover y
llevar a cabo actuaciones de sensibilización y formación destinadas a los
trabajadores y trabajadoras, a las personas representantes de los trabajadores y
trabajadoras, a los sindicatos, a las empresas y a las asociaciones
empresariales, destinadas a difundir el derecho de todas las trabajadoras a ser
tratadas con dignidad y a no tolerar el acoso sexual ni el acoso por razón de
sexo, y a impulsar una actitud solidaria y de ayuda hacia las mujeres y de
rechazo del acoso.
Artículo 28. Negociaciones y acuerdos colectivos.
1. El Gobierno debe impulsar, con el acuerdo de los agentes sociales, que las
empresas que tengan la sede social o ejerzan actividades en Cataluña establezcan
medidas concretas y procedimientos de actuación con el fin de prevenir, reparar
y sancionar los casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo.
2. El Gobierno debe promover el diálogo social en la lucha contra el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo mediante el seguimiento de las prácticas
desarrolladas en el puesto de trabajo, los convenios colectivos, los códigos de
conducta, la investigación, el intercambio de experiencias y buenas prácticas o
cualquier otro instrumento.
Artículo 29. Subvenciones a empresas.
1. Las bases reguladoras de las subvenciones que tengan como beneficiarias a
empresas con una plantilla igual o superior a veinticinco personas deben incluir
la obligación, con el acuerdo de los agentes sociales, de indicar los medios que
utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de
sexo, e intervenir en dichos casos, en sus centros de trabajo.
2. La falta de utilización o la utilización indebida de los medios a que se
refiere el apartado 1 constituyen una causa de no concesión o, si procede, de
revocación de la subvención.
TITULO III
De los derechos de las mujeres en situaciones de violencia machista a la
prevención, atención, asistencia, protección, recuperación y reparación integral
CAPITULO 1
Derecho a la protección efectiva
Artículo 30. Contenido del derecho a la protección efectiva.
1. Las mujeres que se hallan en riesgo o en situación de violencia machista
tienen derecho a recibir de inmediato de las administraciones públicas de
Cataluña una protección integral, real y efectiva.
2. Las garantías de protección deben asegurarse tanto por medios tecnológicos
como por servicios policiales, así como por cualquier otro medio que asegure la
protección de las mujeres.
3. Los objetivos de los dispositivos de protección destinados a las mujeres en
riesgo o en situación de violencia machista son:
a) Facilitar la localización y la comunicación permanente
b) Proporcionar una atención inmediata a distancia
c) Facilitar la protección inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia.
Artículo 31. Fuerzas y cuerpos de seguridad.
1. La Policía de la Generalidad Mossos dEsquadra debe vigilar y controlar el
cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órganos judiciales. En el
marco de cooperación establecido con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las
policías locales de Cataluña deben colaborar para asegurar el cumplimiento de
las medidas acordadas por los órganos judiciales.
2. Las administraciones públicas de Cataluña deben garantizar que los cuerpos de
policía autonómica y local presten la atención específica en protección a las
mujeres que sufren alguna de las formas de violencia que esta ley recoge.
3. Las administraciones públicas de Cataluña deben garantizar que los cuerpos
policiales dispongan de la adecuada formación básica en materia de violencia
machista y de la formación y capacitación específicas y permanentes en materia
de prevención, asistencia y protección de las mujeres que sufren violencias.
CAPITULO 2
Derecho a la atención y la asistencia sanitarias específicas
Artículo 32. Contenido del derecho a la atención y la asistencia sanitarias
específicas.
1. Las mujeres que sufren cualquier forma de violencia machista tienen derecho a
una atención y una asistencia sanitarias especializadas. El Gobierno, mediante
la Red Hospitalaria de Utilización Pública, garantiza la aplicación de un
protocolo de atención y asistencia en todas las manifestaciones de la violencia
machista, en los diferentes niveles y servicios. Este protocolo debe contener
otro protocolo específico para las mujeres que han sufrido una agresión sexual.
2. El Gobierno debe garantizar que el personal profesional sanitario tenga la
formación específica adecuada para desarrollar la tarea a que se refiere este
artículo. A tales efectos, corresponde al Instituto de Estudios de la Salud,
dependiente del departamento competente en materia de salud, prestar dicha
formación específica exigida.
3. En todas las medidas establecidas por este artículo debe tenerse en cuenta la
diversidad femenina, especialmente la especificidad de los colectivos de mujeres
a que se refiere el capítulo 5 del título III.
4. El Gobierno debe promover la adopción, por parte de los servicios de salud
concertados y privados, de un protocolo de atención y asistencia respecto a
todas las manifestaciones de violencia machista.
CAPITULO 3
Derechos de atención y reparación
Artículo 33. Identificación de las situaciones de violencia machista.
1. A efectos del acceso a los derechos de reparación establecidos en este
capítulo, constituyen medios de prueba calificados para la identificación de las
situaciones de violencia machista:
a) La sentencia de cualquier orden jurisdiccional, aunque no haya ganado
firmeza, que declare que la mujer ha sufrido alguna de las formas de esta
violencia.
b) La orden de protección vigente
c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. En ausencia de alguno de los medios establecidos por el apartado 1, son
medios específicos de identificación de las situaciones de violencia machista,
siempre y cuando expresen la existencia de indicios que una mujer la ha sufrido
o está en riesgo verosímil de sufrirla:
a) Cualquier medida cautelar judicial de protección, seguridad o aseguramiento
vigente.
b) El atestado elaborado por las fuerzas y cuerpos de seguridad que han
presenciado directamente alguna manifestación de violencia machista.
c) El informe del Ministerio Fiscal
d) El informe médico o psicológico elaborado por una persona profesional
colegiada, en el que conste que la mujer ha sido atendida en algún centro
sanitario por causa de maltrato o agresión machista.
e) El informe de los servicios públicos con capacidad de identificación de las
situaciones de violencia machista. Se reconoce esta capacidad a los servicios
sociales de atención primaria, a los servicios de acogida y recuperación, a los
servicios de intervención especializada y a las unidades especializadas dentro
de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
f) El informe del Instituto Catalán de las Mujeres
g) Cualquier otro medio establecido por disposición legal.
3. Las disposiciones que regulan el reconocimiento de los derechos y el acceso a
las prestaciones a que se refiere la presente ley establecen en cada supuesto,
si procede, las formas de identificación de la violencia machista.
SECCIÓN PRIMERA. DERECHOS EN EL ÁMBITO DEL ACCESO A UNA VIVIENDA
Artículo 34. Concesión de ayudas para el acceso a una vivienda.
1. El Gobierno debe promover medidas para facilitar el acceso a una vivienda a
las mujeres que sufren cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la
pareja, el ámbito familiar o el ámbito social o comunitario, incluidos el
tráfico y la explotación sexual, y estén en situación de precariedad económica
debido a las violencias o cuando el acceso a una vivienda sea necesario para
recuperarse.
2. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho
se identifican por cualquiera de los medios establecidos por el artículo 33.
Artículo 35. Acceso prioritario a las viviendas de promoción pública.
1. En las reservas obligatorias de las promociones públicas de vivienda el
Gobierno debe velar por garantizar el acceso a la vivienda de todas las mujeres
que se hallan o superan una situación de violencia machista, en el ámbito de la
pareja, el ámbito familiar o el ámbito social o comunitario, incluidos el
tráfico y la explotación sexual, y se hallan en situación de precariedad
económica a causa de esta violencia o cuando el acceso a una vivienda sea
necesario para recuperarse.
2. Las reservas deben efectuarse teniendo en cuenta el número de mujeres que se
hallan en las situaciones descritas por el apartado 1 y las mujeres que se
hallan en situación de discapacidad, que deben ser consideradas un colectivo
preferente en el acceso a las viviendas reservadas por la legislación a personas
con discapacidad.
3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho
se identifican por cualquiera de los medios establecidos por el artículo 33.1.
Artículo 36. Residencias públicas.
1. Las mujeres mayores de sesenta y cinco años y las mujeres con discapacidad
que sufren violencia machista y que se hallan en situación de precariedad
económica deben ser consideradas un colectivo preferente a efectos de tener
acceso a las plazas de residencias públicas, siempre y cuando esta sea la opción
escogida por las mujeres beneficiarias.
2. El acceso a las residencias públicas de las mujeres a que se refiere el
apartado 1 tiene carácter de urgencia social.
3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento del derecho
establecido por este artículo se identifican por cualquiera de los medios
establecidos por el artículo 33.1.
Artículo 37. Ayudas a la adaptación funcional del hogar.
En la obtención de ayudas públicas destinadas a la adaptación funcional del
hogar las administraciones deben dar preferencia a las mujeres con discapacidad
que sufran violencia machista.
SECCIÓN SEGUNDA. DERECHO AL EMPLEO Y LA FORMACIÓN OCUPACIONAL
Artículo 38. Derecho al empleo y la formación ocupacional.
1. El Gobierno debe garantizar, previa acreditación de los requisitos
establecidos por la correspondiente norma de desarrollo, la formación
ocupacional a las mujeres que se hallan en cualquier forma de violencia machista
en el ámbito de la pareja, el ámbito familiar, el ámbito laboral o el ámbito
social o comunitario, incluidos el tráfico y la explotación sexual, y debe
estudiar particularmente los casos de violencia en el ámbito laboral. El
Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para facilitar el empleo de las
mujeres víctimas de violencia machista, cuando sea preciso para que puedan
recuperarse económicamente.
2. La administración pública competente, a efectos de lo establecido por este
artículo, debe:
a) Dar información, orientación y apoyo a las mujeres que sufren violencia
machista, incluida la información y el apoyo que se deriven de los derechos que
les reconoce la legislación vigente, así como detectar las situaciones de
violencia machista, en el marco de los servicios que prestan las oficinas de
trabajo de la Generalidad y los protocolos de actuación y coordinación.
b) Establecer subvenciones a la contratación del colectivo de mujeres en los
casos a que se refiere el apartado 1.
c) Promover la firma de convenios con empresas y organizaciones sindicales para
facilitar su reinserción laboral.
d) Establecer ayudas directas y medidas de apoyo para las mujeres que se
constituyan en trabajadoras autónomas, con un seguimiento tutorial personalizado
de sus proyectos.
Artículo 39. Programas de formación.
1. Todos los programas de formación ocupacional e inserción laboral que
desarrolle el Gobierno deben incluir con carácter prioritario a las mujeres que
sufren o han sufrido violencia machista.
2. Los programas de formación de las administraciones públicas de Cataluña deben
establecer proyectos específicos que incluyan el acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación y las materias necesarias para el empleo de las
mujeres que sufren o han sufrido violencias, atendiendo a la diversidad de
situaciones y necesidades.
Artículo 40. Obligación de confidencialidad.
El empresariado, la representación sindical, los organismos competentes en
materia de empleo y las entidades formadoras están obligados a guardar
confidencialidad sobre las circunstancias personales de las mujeres que han
sufrido o sufren violencia machista.
SECCIÓN TERCERA. DERECHO A LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICAS
Artículo 41. Derecho a la atención jurídica.
1. Todas las mujeres, especialmente las que sufren cualquiera de las formas de
violencia machista especificadas por la presente ley, tienen derecho a recibir
toda la información jurídica relacionada con la situación de dicho tipo de
violencia.
2. El Servicio de Atención Telefónica Especializada debe garantizar, en todo
caso, la atención jurídica permanente, en casos de violencia machista.
3. Los servicios de orientación jurídica que se ofrecen a la ciudadanía deben
garantizar, en todo caso, la atención jurídica permanente en casos de violencia
machista.
4. Las personas profesionales que presten el Servicio de Atención Telefónica
Especializada y los servicios de orientación jurídica deben realizar cursos de
formación específica en esta materia como requisito para acceder a estos
servicios o acreditar experiencia profesional en el tratamiento de estos
asuntos. El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del
departamento competente en materia de justicia es el organismo de referencia
encargado de efectuar la formación específica de las personas profesionales del
ámbito jurídico, para hacer efectivo el derecho de atención jurídica a las
mujeres que se hallan en situación de violencia machista. En este ámbito de
formación, el mencionado Centro debe actuar en coordinación con el Centro de
Estudios, Investigación y Capacitación sobre Violencia Machista, creado por la
presente ley, y con los colegios profesionales.
Artículo 42. Derecho a la asistencia jurídica.
1. Las mujeres que sufren o han sufrido cualquiera de las formas de violencia
que recoge esta ley tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en la forma
establecida por la legislación vigente.
2. En los supuestos de violencia en el ámbito de la pareja y en el ámbito
familiar, para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita
deben tenerse en cuenta únicamente los recursos e ingresos económicos personales
de las mujeres víctimas de violencia machista con los límites establecidos por
la legislación aplicable.
Artículo 43. Servicios de guardia permanente y turnos de oficio especializados.
1. El departamento de la Administración de la Generalidad competente en materia
de justicia debe disponer el sistema de prestación de los servicios de
asistencia letrada a las mujeres que han sufrido violencia machista para que
esta asistencia cuente con servicios de guardia permanente en todo el territorio
de Cataluña.
2. La Administración de la Generalidad debe garantizar que toda mujer que sea
víctima de violencia machista esté asistida por una abogada o abogado y, si
procede, procuradora o procurador, y que las personas profesionales hayan
recibido la formación especializada en la materia.
Artículo 44. Los derechos de menores de edad.
Las menores y los menores perjudicados por la muerte de la madre como
consecuencia de violencia machista, o perjudicados por otras circunstancias que
impidan a la madre ejercer las potestades que le son propias respecto a los
propios menores, tienen derecho a la atención jurídica en los términos
establecidos por esta ley.
SECCIÓN CUARTA. PERSONACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD EN
PROCESOS PENALES
Artículo 45. Supuestos para la personación.
1. La Administración de la Generalidad puede personarse en los procedimientos
penales por violencia machista, en los casos de muerte o lesiones graves de
mujeres, en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal.
2. Si la personación es ejercida por otra administración pública, el Gobierno
puede personarse de forma potestativa.
3. El Gobierno puede personarse en otros casos además de los especificados por
el apartado 1 y que sean de relevancia especial, previa evaluación de los hechos
por parte del Instituto Catalán de las Mujeres.
4. La personación de la Administración de la Generalidad debe ejercerse con el
consentimiento de la mujer víctima o de su familia, siempre y cuando ello sea
posible.
SECCIÓN QUINTA. DERECHOS A PRESTACIONES ECONÓMICAS
Artículo 46. Renta mínima de inserción, ayudas económicas y demás prestaciones.
1. Para favorecer la autonomía de las mujeres que estén en situaciones de
violencia machista y a efectos del derecho a percibir la renta mínima de
inserción, deben tenerse en cuenta exclusivamente los ingresos y rentas
individuales de cada mujer, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos por la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la renta mínima de inserción.
2. Para la determinación de la carencia de rentas para acceder a las demás
ayudas económicas establecidas por la presente ley, deben tenerse en cuenta
exclusivamente los ingresos y rentas individuales de cada mujer.
3. En cuanto a las prestaciones de urgencia social, las mujeres que sean
víctimas de la violencia machista tienen los derechos que establece el artículo
30 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter
económico.
4. El Gobierno puede conceder prestaciones económicas extraordinarias a las
mujeres que han sufrido violencia machista, identificada por cualquiera de los
medios establecidos por el artículo 33. Estas prestaciones deben destinarse a
paliar situaciones de necesidad personal que sean evaluables y verificables,
previo informe de los organismos competentes sobre la inexistencia o
insuficiencia de las ayudas ordinarias para cubrir estos supuestos.
Artículo 47. Indemnizaciones.
1. Las mujeres que, como consecuencia de las formas de violencia machista
especificadas por la presente ley sufran secuelas, lesiones corporales o daños
en la salud física o psíquica de carácter grave tienen derecho a percibir del
Gobierno un pago único de una cantidad económica, en las condiciones y
requisitos que se establezcan por reglamento.
2. La cuantía a que se refiere el apartado 1 es compatible con las
indemnizaciones que se establezcan en sentencia judicial o con otras
prestaciones económicas, públicas o privadas que legalmente les puedan
corresponder.
3. Si la víctima es menor de edad, la indemnización económica no puede ser
administrada por el autor o inductor de la violencia.
4. Los hijos e hijas de víctimas mortales a consecuencia de cualquiera de las
formas de violencia machista especificadas por esta ley, que sean menores de
veintiséis años y que dependan económicamente en el momento de la muerte de la
madre tienen derecho a la percepción, en un pago único, de una cuantía
económica, en las condiciones y requisitos que se establezcan de forma
reglamentaria.
Artículo 48. Ayudas escolares.
1. La administración educativa debe tener en cuenta las identificaciones de
violencia machista efectuadas al amparo de esta ley como factor calificado para
regular y establecer las ayudas destinadas a las unidades familiares o unidades
de convivencia con escasos recursos económicos. A efectos de determinar los
requisitos de necesidad económica, deben tenerse en cuenta únicamente las rentas
o ingresos personales de que disponga la mujer solicitante.
2. La administración educativa debe prever la escolarización inmediata de los
hijos e hijas en los supuestos de cambio de residencia derivado de actos de
violencia.
3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho
se identifican por cualquiera de los medios establecidos por el artículo 33.
Artículo 49. Fondo de garantía de pensiones y prestaciones.
1. El Gobierno debe constituir un fondo de garantía para cubrir el impago de
pensiones alimenticias y compensatorias. Este fondo debe utilizarse si existe
constatación judicial de incumplimiento del deber de satisfacer las pensiones y
este incumplimiento conlleva una situación de precariedad económica, en los
términos descritos por el artículo 4.1. d y de acuerdo con los límites y
condiciones que se fijen por reglamento.
2. Las prestaciones establecidas por el presente artículo tienen carácter
supletorio o, si procede, complementario de las que pueda reconocer el Estado
con cargo al Fondo de garantía de pago de alimentos, con los límites y
condiciones que se fijen por reglamento.
Artículo 50. Derecho a obtener las prestaciones del Fondo de garantía de
pensiones y prestaciones.
1. Las personas que tienen reconocido judicialmente el derecho a percibir
pensiones alimenticias y pensiones compensatorias tienen derecho a recibir del
Fondo de garantía de pensiones y prestaciones la correspondiente prestación
económica, siempre y cuando cumplan los criterios y requisitos que se fijen por
reglamento.
2. En el caso de que las personas a que se refiere el apartado 1 sean menores de
edad o estén incapacitadas, son titulares de este derecho las personas que las
tengan a su cargo.
3. Para ser beneficiaria del Fondo, la persona titular de la pensión o la que la
represente debe haber cursado la ejecución del correspondiente título judicial
que reconozca el derecho a recibir la pensión establecida.
4. El derecho de las personas beneficiarias del Fondo a percibir la prestación
nace en el momento que se ha interpuesto una demanda ejecutiva de pago y no se
ha podido cobrar, en el plazo que se establezca por reglamento, y siempre y
cuando la causa del no cobro no sea imputable a la beneficiaria.
Artículo 51. Compatibilidad de las prestaciones.
Las prestaciones derivadas del Fondo de garantía de pensiones y prestaciones son
compatibles con otras prestaciones que puedan otorgar las administraciones
públicas de Cataluña, siempre y cuando el criterio que se haya tenido en cuenta
para otorgar estas otras prestaciones no haya sido la falta de pago de las
pensiones alimenticias o compensatorias.
Artículo 52. Derecho de repetición.
1. El Gobierno se reserva el derecho de repetición de las pensiones pagadas por
el Fondo de garantía de pensiones y prestaciones contra las personas que han
incumplido la resolución judicial de pago de la pensión. Las cantidades
reclamadas por la Generalidad por este concepto tienen la consideración de
ingresos públicos.
2. Sin perjuicio del derecho de repetición, las personas beneficiarias del Fondo
de garantía de pensiones y prestaciones tienen la obligación de continuar los
trámites del procedimiento de ejecución del título judicial que reconoce el
derecho a percibir la pensión de alimentos y la pensión compensatoria. En el
caso de que se obtenga el cobro de las pensiones impagadas, la beneficiaria del
Fondo tiene la obligación de devolver las cantidades cobradas con cargo al
Fondo.
CAPITULO 4
La Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres en situaciones de
violencia machista
Artículo 53. Modelos de intervención y políticas públicas.
1. El Gobierno debe desarrollar modelos de intervención integral en todo el
territorio de Cataluña a través de una red de servicios de calidad en todos los
ámbitos, que sea capaz de dar respuestas adecuadas, ágiles, próximas y
coordinadas a las necesidades y procesos de las mujeres que sufren o han sufrido
situaciones de violencia machista, así como a sus hijas e hijos cuando sean
testigos y víctimas de dichas situaciones.
2. Los modelos de intervención deben incluir como elementos esenciales la
información, la atención primaria y la atención especializada.
3. Los poderes públicos de Cataluña deben crear los servicios establecidos en
este capítulo según las recomendaciones que, por población, determine la Unión
Europea. Los servicios y recursos con relación a los cuales los organismos
internacionales no hayan especificado ratios deben aplicarse por reglamento.
4. Las actuaciones de los poderes públicos en materia de los servicios de
atención y recuperación integral para las mujeres que sufren violencia machista
deben tener como objetivos esenciales, en todo caso:
a) Facilitar a las mujeres las herramientas necesarias para conocer los derechos
que les corresponden y los servicios que tienen a su alcance.
b) Reducir el impacto personal y comunitario de la violencia machista.
c) Llevar a cabo la prevención y sensibilización social sobre las causas y
consecuencias de la violencia machista.
d) Profundizar en la investigación y el conocimiento de las causas y
consecuencias de la violencia machista con una perspectiva multidisciplinaria.
Artículo 54. Definición y estructura de la Red.
1. La Red de Atención y Recuperación Integral para las mujeres que sufren
violencia machista es el conjunto coordinado de recursos y servicios públicos de
carácter gratuito para la atención, asistencia, protección, recuperación y
reparación de las mujeres que han sufrido o sufren violencia machista, en el
ámbito territorial de Cataluña, que están especificados en esta ley.
2. Integran la Red los siguientes servicios
a) Servicio de Atención Telefónica Especializada
b) Servicios de información y atención a las mujeres
c) Servicios de atención y acogimiento de urgencias
d) Servicios de acogida y recuperación
e) Servicios de acogida sustitutoria del hogar
f) Servicios de intervención especializada
g) Servicios técnicos de punto de encuentro
h) Servicios de atención a la víctima del delito
i) Servicios de atención policial
j) Otros servicios que considere necesarios el Gobierno.
3. La organización de los servicios a que se refiere el apartado 2 debe ser
regulada mediante reglamento por el Gobierno o, si procede, por los municipios,
y debe integrar a equipos multidisciplinarios y personal con formación
específica.
Artículo 55. Servicio de Atención Telefónica Especializada.
1. El Servicio de Atención Telefónica Especializada es un servicio universal de
orientación y asesoramiento inmediato que proporciona atención e información
integrales sobre los recursos públicos y privados al alcance de todas las
personas a las que es aplicable la presente ley.
2. El Servicio de Atención Telefónica Especializada debe funcionar las
veinticuatro horas todos los días del año, y debe coordinarse con los servicios
de emergencia en los casos necesarios. Concretamente, debe garantizar la plena
coordinación, con eficacia, con el Servicio de Llamadas de Urgencia 112
Cataluña, de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1. j de la Ley
9/2007, de 30 de julio, del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia
112 Cataluña.
Artículo 56. Servicios de información y atención a las mujeres.
1. Los servicios de información y atención a las mujeres son servicios de
información, asesoramiento, primera atención y acompañamiento, si procede, con
relación al ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos
relacionados con su vida laboral, social, personal y familiar.
2. Los servicios de información y atención a las mujeres, en todo caso, deben
coordinarse con los servicios de atención especializada y deben dinamizar e
impulsar la coordinación y colaboración con todos los agentes comunitarios,
especialmente con los grupos y organizaciones de mujeres.
3. Los servicios de información y atención a las mujeres se destinan a todas las
mujeres, especialmente las que sufren situaciones de violencia machista.
Artículo 57. Servicios de atención y acogimiento de urgencias.
1. Los servicios de atención y acogimiento de urgencias son servicios
especializados que deben facilitar acogimiento temporal, de corta duración, a
las mujeres que están sometidas o han sido sometidas a situaciones de violencia
machista y, en su caso, a sus hijas e hijos, para garantizar su seguridad
personal. Asimismo, deben facilitar recursos personales y sociales que permitan
una resolución de la situación de crisis.
2. Los servicios de atención y acogimiento de urgencias deben prestar servicio
las veinticuatro horas todos los días del año. La estancia en estos servicios
debe tener la duración mínima indispensable para activar recursos estables, que
en cualquier caso no puede ser superior a los quince días.
3. Los servicios de atención y acogimiento de urgencias se destinan, en todo
caso, a las mujeres que sufren cualquier forma de violencia machista en el
ámbito de la pareja, el ámbito familiar o el ámbito social o comunitario en la
manifestación de agresiones sexuales, de tráfico y explotación sexual, de
mutilación genital femenina o riesgo de sufrirla y de matrimonio forzoso.
Artículo 58. Servicios de acogida y recuperación.
1. Los servicios de acogida y recuperación son servicios especializados,
residenciales y temporales, que ofrecen acogimiento y atención integral para
posibilitar el proceso de recuperación y reparación a las mujeres y a sus hijas
e hijos dependientes, que requieren un espacio de protección debido a la
situación de riesgo motivada por la violencia machista, velando por su
autonomía.
2. Los servicios de acogida y recuperación se destinan, en todo caso, a las
mujeres que se hallan en cualquier forma de violencia machista en el ámbito de
la pareja, el ámbito familiar o el ámbito social o comunitario, en forma de
mutilación genital femenina o riesgo de sufrirla, o de matrimonio forzoso.
3. El Gobierno debe garantizar el acceso a una plaza de los servicios a que se
refiere el presente artículo para todas las mujeres y sus hijos e hijas que
acrediten ser víctimas de violencia machista y que así lo requieran.
Artículo 59. Servicios de acogida sustitutoria del hogar.
1. Los servicios de acogida sustitutoria del hogar son servicios temporales que
actúan como sustitución del hogar y deben contar con apoyo personal,
psicológico, médico, social, jurídico y de ocio, llevado a cabo por
profesionales especializados, para facilitar la plena integración sociolaboral
de las mujeres que sufren situaciones de violencia.
2. Los servicios de acogida sustitutoria del hogar se destinan, en todo caso, a
las mujeres que se hallan en cualquier forma de violencia machista en el ámbito
de la pareja, el ámbito familiar o el ámbito social o comunitario en forma de
mutilación genital femenina o riesgo de padecerla, o de matrimonio forzoso.
3. El Gobierno, con la finalidad establecida por este artículo, debe garantizar
el acceso a una plaza de los servicios a que se refiere el presente artículo
para todas las mujeres con sus hijos e hijas que acrediten ser víctimas de
violencia machista y que lo requieran.
Artículo 60. Servicios de intervención especializada.
Los servicios de intervención especializada son servicios especializados que
ofrecen atención integral y recursos en el proceso de recuperación y reparación
a las mujeres que han sufrido o sufren situación de violencia, así como a sus
hijas e hijos. Asimismo, dichos servicios deben incidir en la prevención,
sensibilización e implicación comunitaria.
Artículo 61. Servicios técnicos de punto de encuentro.
1. Los servicios técnicos de punto de encuentro son servicios destinados a
atender y prevenir, en un lugar neutral y transitorio, en presencia de personal
cualificado, la problemática que surge en los procesos de conflictividad
familiar y, en concreto, en el cumplimiento del régimen de visitas de los hijos
e hijas establecido para los supuestos de separación o divorcio de los
progenitores o para los supuestos de ejercicio de la tutela por la
Administración pública, con la finalidad de asegurar la protección de menores de
edad.
2. Las personas profesionales que trabajan en un servicio técnico de punto de
encuentro no deben aplicar técnicas de mediación en los supuestos en que quede
acreditada cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la pareja o
familiar.
Artículo 62. Servicios de atención a la víctima del delito.
Los servicios de atención a la víctima del delito tienen como finalidad, entre
otras, ofrecer a las mujeres información y apoyo en los procedimientos legales
que se derivan del ejercicio de los derechos que les reconoce la legislación
vigente.
Artículo 63. Servicios de atención policial.
Los servicios de atención policial son los recursos especializados de la Policía
de la Generalidad que tienen como finalidad garantizar el derecho de las mujeres
que se hallen en situaciones de violencia machista, así como a sus hijos e hijas
dependientes, a la atención especializada, la protección y la seguridad ante la
violencia machista.
Artículo 64. Creación y gestión de los servicios de la Red de Atención y
Recuperación Integral.
1. Corresponde a la Administración de la Generalidad la creación, titularidad,
competencia, programación, prestación y gestión de todos los servicios
detallados por el artículo 54, en colaboración con los entes locales, excepto
los servicios de información y atención a las mujeres. Los criterios básicos de
programación general de los servicios de la Red son el análisis de las
necesidades y la demanda social de prestaciones, los objetivos de cobertura y la
implantación de los servicios y la ordenación y distribución territorial y
equitativa de los recursos disponibles. El procedimiento para elaborar la
programación debe garantizar la participación de las administraciones
competentes, de los órganos consultivos de la Generalidad y de los órganos de
participación que establece esta ley.
2. Los municipios tienen la competencia para crear, programar, prestar y
gestionar los servicios de información y atención a las mujeres. También pueden
prestar y gestionar los servicios de la competencia de la Generalidad de acuerdo
con los instrumentos y en los términos que establece el texto refundido de la
Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 2/2003, de 28 de abril. Los municipios deben establecer por
reglamento la distribución territorial, el régimen de prestación, la
organización y la dotación de estos servicios.
3. Los servicios que integran la Red pueden prestarse de forma indirecta, de
acuerdo con lo establecido por la legislación de contratos del sector público,
bajo la inspección, el control y el registro de la Administración de la
Generalidad. A tal efecto, debe crearse y regular por reglamento el registro de
los servicios de la Red y las entidades colaboradoras.
4. Cualquier entidad que asuma la prestación de un servicio integrado en la Red
debe asumir el compromiso de no discriminación, permanencia, profesionalización
e inclusión de cláusulas contra el acoso sexual, así como la concreción de un
protocolo de intervención en caso de acoso.
5. La Administración de la Generalidad debe establecer medidas de apoyo y
cuidado para las personas profesionales en ejercicio que traten situaciones de
violencia, para prevenir y evitar los procesos de agotamiento, confusión y
desgaste profesional.
6. Lo que establece este artículo debe entenderse sin perjuicio de lo que
dispone la Carta municipal de Barcelona.
CAPITULO 5
Acciones de los poderes públicos en situaciones específicas
Artículo 65. Medidas para facilitar la detección de la violencia machista.
El Gobierno debe promover medidas eficaces para eliminar las barreras que
dificultan la detección de la violencia machista en situaciones específicas y
que pueden impedir el acceso a los servicios y las prestaciones que establece
esta ley.
Artículo 66. Inmigración.
El Gobierno debe promover las actuaciones necesarias con las entidades
consulares, las embajadas, las oficinas diplomáticas y cualquier otra entidad, a
fin de obtener o facilitar documentación acreditativa de las circunstancias
personales y familiares de las mujeres inmigrantes, así como la legislación del
país de origen.
Artículo 67. Prostitución.
1. El Gobierno debe garantizar el derecho de acceso a los servicios y los
recursos de las mujeres que ejercen la prostitución, mediante programas
específicos, tanto para la prevención como para la erradicación de las distintas
formas de violencia machista.
2. El Gobierno debe desarrollar las estructuras y los mecanismos adecuados para
acoger y atender a las mujeres afectadas por tráfico y explotación sexual.
Artículo 68. Mundo rural.
Los servicios de atención, asistencia y protección que esta ley establece en el
título III deben facilitar el acceso de las mujeres provenientes del mundo rural
y de zonas de difícil acceso a centros alejados de sus lugares de origen y
residencia, para garantizar el anonimato de estas mujeres.
Artículo 69. Vejez.
El Gobierno debe promover estrategias eficaces de sensibilización destinadas al
colectivo de mujeres mayores, para que conozcan los recursos y las estrategias
para hacer frente a las violencias contra las mujeres y les permitan adoptar
posiciones activas ante estas situaciones.
Artículo 70. Transexualidad.
1. Todas las medidas y el reconocimiento de derechos que esta ley señala deben
respetar la diversidad transexual.
2. Las transexuales que sufren violencia machista se equiparan a las mujeres que
han sufrido esta violencia, a efectos de los derechos establecidos por esta ley,
siempre y cuando se les haya diagnosticado disforia de sexo, acreditada mediante
informe médico o psicológico elaborado por una persona profesional colegiada, o
se hayan tratado médicamente durante al menos dos años para acomodar sus
características físicas a las que corresponden al sexo reclamado, acreditado por
un informe médico elaborado por persona colegiada bajo cuya dirección se haya
efectuado el tratamiento.
Artículo 71. Discapacidad.
1. El Gobierno debe garantizar que el ejercicio de los derechos y el acceso a
los recursos y servicios regulados en este título no se vean obstaculizados o
impedidos por la existencia de barreras que impidan la accesibilidad y
garanticen la seguridad del entorno en el acceso.
2. Las mujeres con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y que sufren
violencia machista tienen derecho a una mejora económica o temporal de los
derechos económicos establecidos en este título, de acuerdo con los requisitos y
las condiciones que se establezcan por reglamento para facilitar su proceso de
recuperación y reparación.
Artículo 72. Virus de la inmunodeficiencia humana.
Los derechos establecidos por el artículo 71 se hacen extensivos a las mujeres
seropositivas al virus de la inmunodeficiencia humana que sufren violencia
machista.
Artículo 73. Etnia gitana.
El Gobierno debe diseñar estrategias específicas de sensibilización dirigidas a
las mujeres de etnia gitana, pensadas y consensuadas con las asociaciones de
mujeres gitanas, para que conozcan los recursos y las estrategias para hacer
frente a la presión social o legitimación cultural respecto a las violencias
contra las mujeres y les permitan adoptar posiciones activas ante esta
situación.
Artículo 74. Centros de ejecución penal.
1. Las mujeres que cumplen penas o medidas penales en centros de ejecución
penal, tanto para personas adultas como para menores de edad, tienen el derecho
de acceso a los recursos y servicios establecidos en el título III, siempre y
cuando la prestación sea compatible con esta situación.
2. El Gobierno debe dotar los equipos de intervención en ejecución penal de
personal especializado en materia de violencia machista, en concreto, en las
vertientes psicológica, jurídica y sociolaboral. Estos equipos especializados
deben cumplir las siguientes funciones:
a) Detección de la situación de violencia que la mujer ha sufrido o está
sufriendo.
b) Constatación de esta situación de violencia en el expediente penitenciario de
la mujer.
c) Elaboración de un tratamiento penitenciario adecuado en colaboración con la
Red.
3. El Gobierno debe garantizar a las personas transexuales unos espacios que
sean adecuados para preservar sus derechos.
Artículo 75. Mutilaciones genitales femeninas.
El Gobierno, además de observar la legislación vigente, debe adoptar las medidas
necesarias para:
a) Promover la mediación comunitaria en las familias si existe riesgo de
mutilaciones genitales. En estos casos debe procurarse que en la negociación
participen personas expertas, así como personas de las comunidades afectadas por
estas prácticas, y asegurar la actuación de agentes sociales de atención
primaria.
b) Garantizar medidas específicas para prevenir y erradicar las mutilaciones
genitales femeninas, impulsando actuaciones de promoción de las mujeres de los
países donde se efectúan dichas prácticas y formando a las personas
profesionales que deban intervenir.
c) Actuar en el ámbito de la cooperación internacional en el sentido de trabajar
desde los países de origen para erradicar dichas prácticas.
d) Contar con mecanismos sanitarios de intervención quirúrgica para poder hacer
frente a la demanda de las mujeres que quieran revertir los efectos de la
mutilación practicada, así como mecanismos de apoyo psicológico, familiar y
comunitario. En los casos de riesgo para la salud de las menores de edad, el
personal profesional debe poder contar con mecanismos que les posibilite la
realización de la intervención quirúrgica.
TITULO IV
De las competencias, la organización y la intervención integral contra la
violencia machista
CAPITULO I
Disposiciones generales sobre el régimen competencial
Artículo 76. Responsabilidades públicas.
1. La Administración de la Generalidad y los municipios de Cataluña son las
administraciones públicas competentes en materia de los servicios de la Red de
Atención y Recuperación Integral, así como de las prestaciones establecidas por
esta ley, de acuerdo con lo que determina este título y, si procede, la
legislación sobre organización territorial y régimen local.
2. Sin perjuicio de las competencias que de acuerdo con la ley les corresponden,
los municipios también pueden ejercer competencias propias de la Administración
de la Generalidad por vía de delegación o fórmulas de gestión conjunta.
Artículo 77. Coordinación y colaboración interadministrativas.
1. Las administraciones públicas competentes, entre otros, deben coordinar:
a) Las políticas públicas en materia de lucha contra la violencia machista.
b) Las políticas públicas en materia de violencia machista con las políticas de
educación, salud, empleo, investigación y medios de comunicación, así como
cualquier otra política implicada en la lucha contra esta violencia.
c) Los recursos de atención, asistencia, protección, recuperación y reparación
con los órganos jurisdiccionales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.
d) Los recursos de atención e información de carácter municipal con los centros
de intervención especializada dependientes de la Generalidad
e) Los recursos regulados por esta ley con los recursos de las administraciones
públicas de Cataluña competentes para prestar servicios de educación, trabajo,
salud, servicios sociales y otros implicados en la lucha contra la violencia
machista.
2. Las administraciones públicas de Cataluña deben colaborar en el ejercicio de
las competencias respectivas para garantizar el ejercicio de los derechos que
esta ley reconoce.
Artículo 78. Cesión de datos.
Las administraciones públicas competentes deben cederse mutuamente los datos de
carácter personal necesarios, con el fin de poder gestionar de forma adecuada
los servicios de la Red de Atención y Recuperación Integral y las prestaciones
económicas establecidas por esta ley, así como otros que se establezcan por ley,
relacionados con la violencia machista. A tal efecto debe crearse un fichero
específico, que debe ser regulado por reglamento.
CAPITULO 2
Competencias de las administraciones públicas
Artículo 79. Competencias del Gobierno.
Corresponde al Gobierno
a) Definir la política general para luchar contra la violencia machista y
erradicarla, y aprobar los instrumentos de planificación correspondientes, así
como la creación de los servicios de la Red de Atención y Recuperación Integral,
sin perjuicio de las competencias de los municipios.
b) Ordenar todas las actuaciones en materia de prevención, detección, atención,
asistencia, protección, recuperación y reparación de las mujeres que sufren
violencia machista, así como de los recursos que las integran.
c) Fijar la forma y el procedimiento para otorgar las prestaciones económicas y
las prestaciones de servicios y demás recursos que establece esta ley.
d) Regular la capacitación del personal implicado en la lucha contra la
violencia machista para erradicarla y, en concreto, la del personal que debe
gestionar, si procede, los recursos que esta ley establece.
e) Velar por la coordinación con la Administración del Estado e impulsar las
fórmulas de colaboración, cooperación e información mutua necesarias para
garantizar los derechos que establece esta ley.
f) Impulsar la colaboración y la cooperación con las demás comunidades autónomas
para garantizar los derechos establecidos por esta ley.
g) Cumplir todas las demás funciones que le atribuyen expresamente esta ley y
otras leyes de la misma materia.
Artículo 80. Instituto Catalán de las Mujeres.
1. El Instituto Catalán de las Mujeres, además de cumplir todas las funciones
que tiene atribuidas por la legislación vigente, es el instrumento vertebrador
para luchar contra la violencia machista.
2. Son funciones del Instituto Catalán de las Mujeres en lo que concierne al
objeto de esta ley:
a) Impulsar y coordinar las políticas contra la violencia machista que debe
aprobar el Gobierno de la Generalidad.
b) Diseñar e impulsar las políticas contra la violencia machista en colaboración
con las administraciones locales, los agentes sociales, las entidades expertas y
las asociaciones de mujeres que trabajan en este ámbito.
c) Velar por la adecuación de los planes y programas llevados a cabo por las
diferentes administraciones públicas de Cataluña respecto a los programas del
Gobierno de la Generalidad en materia de violencia machista.
d) Coordinar y garantizar el trabajo transversal en todos los ámbitos.
e) Impulsar la elaboración y la firma de convenios de colaboración y acuerdos
entre las administraciones y las entidades implicadas en la lucha contra la
violencia machista para su erradicación.
f) Proponer la programación, prestación, gestión y coordinación de los servicios
que integran la Red, en colaboración con los ayuntamientos, salvo los servicios
de información y atención a las mujeres, que son competencia de los entes
locales en los términos especificados por esta ley.
Artículo 81. Centro de Estudios, Investigación y Capacitación sobre Violencia
Machista.
1. Se crea el Centro de Estudios, Investigación y Capacitación sobre Violencia
Machista, como órgano dependiente del Instituto Catalán de las Mujeres, que se
configura como herramienta permanente de estudios e investigación sobre la
violencia machista, y de formación y capacitación del personal profesional en
contacto con el tratamiento de dicho tipo de violencia.
2. Deben establecerse por reglamento la composición, el funcionamiento, las
competencias y la coordinación del Centro de Estudios, Investigación y
Capacitación sobre Violencia Machista con otros órganos y administraciones.
Artículo 82. Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la
Violencia Machista.
1. Se crea la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la
Violencia Machista, dependiente del Instituto Catalán de las Mujeres, como
órgano específico de coordinación institucional para impulsar, seguir, controlar
y evaluar las actuaciones en el abordaje de la violencia machista, sin perjuicio
de las competencias de impulso, seguimiento y control de los departamentos de la
Generalidad.
2. Deben establecerse por reglamento la composición, funcionamiento,
competencias y coordinación de la Comisión Nacional para una Intervención
Coordinada contra la Violencia Machista con otros órganos.
Artículo 83. Competencias de los municipios.
1. Corresponde a los municipios
a) Programar, prestar y gestionar los servicios de información y atención a las
mujeres y efectuar la derivación a los diferentes servicios en los términos
especificados por esta ley.
b) Prestar o gestionar otros servicios de la Red de Atención y Recuperación
Integral, de acuerdo con lo que se establezca mediante un convenio con la
Administración de la Generalidad.
c) Colaborar en la gestión de las prestaciones económicas y las subvenciones que
esta ley establece
d) Cumplir todas las demás funciones establecidas por esta ley que, en razón de
las competencias respectivas, les corresponda asumir con relación a las mujeres
que sufren o han sufrido violencia machista.
e) Cumplir las demás competencias atribuidas por disposición legal.
2. Los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes pueden delegar
sus competencias a una mancomunidad de municipios u otros entes locales.
CAPITULO 3
Intervención integral contra la violencia machista
Artículo 84. Los programas de intervención integral contra la violencia
machista.
1. Los programas de intervención integral contra la violencia machista se
configuran como los instrumentos de planificación que debe aprobar el Gobierno
con una vigencia de cuatro años, previa elaboración por el Instituto Catalán de
las Mujeres, junto con los departamentos competentes en cada caso. Estos
instrumentos recogen el conjunto de objetivos y medidas para erradicar la
violencia machista y también establecen, de forma coordinada, global y
participativa, las líneas de intervención y las directrices que deben orientar
la actividad de los poderes públicos.
2. Los programas a que se refiere el apartado 1 deben establecer medidas que
impliquen otros ámbitos administrativos, entes locales, agentes sociales,
entidades de mujeres y profesionales.
3. Los programas de intervención integral contra la violencia machista también
deben establecer estrategias de coordinación y cooperación, así como de
investigación y conocimiento de la realidad, y deben incorporar obligatoriamente
una memoria económica.
4. Para la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los programas de
intervención integral, el Instituto Catalán de las Mujeres debe establecer los
mecanismos necesarios para garantizar la participación de los entes locales, las
entidades de mujeres, los agentes sociales, así como las personas y entidades
expertas en materia de violencia machista.
Artículo 85. Protocolos para una intervención coordinada contra la violencia
machista.
1. Los protocolos para una intervención coordinada contra la violencia machista
deben incluir un conjunto de medidas y mecanismos de apoyo, coordinación y
cooperación destinados a las instituciones públicas y demás agentes implicados,
que definen las formalidades y la sucesión de actos que deben seguirse para
ejecutarlos correctamente.
2. Los objetivos de los protocolos para una intervención coordinada contra la
violencia machista deben:
a) Garantizar la atención coordinada de los diferentes departamentos de la
Generalidad, entes locales y agentes sociales y de los servicios que dependen de
la misma, y delimitar los ámbitos de actuación que pueden intervenir en las
diferentes situaciones de violencia machista.
b) Establecer los mecanismos de coordinación y cooperación que permitan una
transmisión de información continuada y fluida entre los organismos implicados.
c) Aplicar metodologías de intervención que eviten la revictimización de las
mujeres afectadas.
d) Garantizar los recursos necesarios para la ejecución y la continuidad del
protocolo
e) Diseñar circuitos de atención adecuados a las diferentes situaciones de
violencia y las necesidades concretas derivadas de estas situaciones.
f) Establecer un modelo único y consensuado de recogida de datos para garantizar
el conocimiento de la realidad.
3. Los protocolos deben establecer la participación de los ámbitos directamente
relacionados con el tratamiento de la violencia machista, como las entidades y
las asociaciones de mujeres que trabajan en los diferentes territorios a partir
de un modelo de intervención compatible con lo establecido por esta ley.
4. La elaboración de los protocolos debe ser impulsada por el Instituto Catalán
de las Mujeres en cada uno de los ámbitos territoriales de las delegaciones del
Gobierno de la Generalidad o, si procede, y el Gobierno así lo determina, en los
ámbitos de estructura territorial que puedan establecerse por ley.
5. Los protocolos deben establecer la concreción y el procedimiento de las
actuaciones, así como de las responsabilidades de los sectores implicados en el
tratamiento de la violencia machista, con el objeto de garantizar la prevención,
la atención eficaz y personalizada y la recuperación de las mujeres que se
hallan en situación de riesgo o que son víctimas de la violencia machista.
Artículo 86. Participación y fomento de los entes locales.
1. La Administración de la Generalidad, en sus políticas de erradicación de la
violencia machista, debe contar con la participación de los entes locales.
2. Los programas y las actuaciones que se deriven de la aplicación de esta ley
deben establecer medidas de fomento de los entes locales para desarrollar
programas y actividades encaminados a erradicar la violencia machista o a paliar
sus efectos.
Artículo 87. Participación y fomento de los consejos y las asociaciones de
mujeres.
1. Las administraciones públicas, en las políticas de erradicación de la
violencia machista, deben contar preferentemente con la colaboración de los
consejos de participación de mujeres, así como con otras entidades de mujeres
constituidas o que formen parte de una agrupación sindical o empresarial,
respecto a las correspondientes políticas institucionales.
2. Los programas y las actuaciones que se deriven de la aplicación de esta ley
deben establecer medidas de fomento de las entidades a que se refiere el
apartado 1 para llevar a cabo programas y actividades encaminadas a erradicar la
violencia machista o a paliar sus efectos.
Disposición adicional primera. Recursos económicos.
1. La Administración de la Generalidad tiene la responsabilidad de garantizar
los recursos necesarios para dar un cumplimiento adecuado a la ordenación y la
provisión de las acciones y los servicios que establece esta ley.
2. La Generalidad debe consignar en sus presupuestos los créditos necesarios
para la financiación de todas las prestaciones garantizadas, las prestaciones de
servicios, los recursos, los programas, los proyectos y demás actuaciones
recogidas en la Ley, de acuerdo con las competencias atribuidas por la misma.
3. El Gobierno debe dotar a los entes locales de un fondo económico específico
anual, para garantizar la suficiencia de la prestación de los servicios de
información y atención a las mujeres, de acuerdo con los términos especificados
por esta ley. La distribución de dicho fondo entre los entes locales debe
efectuarse de acuerdo con criterios objetivos, que deben acordarse bianualmente
con las entidades interesadas y que deben basarse en el número de habitantes, el
principio de equilibrio territorial y el de capacidad presupuestaria, y deben
tener en cuenta las características de la población y las necesidades de las
mujeres, para obtener la efectividad de los derechos que esta ley establece, sin
perjuicio de que los municipios y las demás entidades locales consignen en sus
presupuestos las dotaciones necesarias para la financiación de los servicios de
la respectiva competencia.
4. La Administración de la Generalidad debe financiar el coste de la prestación
de los servicios de información y atención a las mujeres pertenecientes a
municipios con una población inferior a 20.000 habitantes, sin perjuicio de
otras formas de financiación mixta con implicación de los presupuestos públicos,
con el fondo económico específico establecido por el apartado 3.
5. El Gobierno puede impulsar, de acuerdo con el artículo 83.1. b, convenios de
colaboración con la Administración local para reformular la gestión de los
servicios especializados en violencia machista ya existentes antes de la
aprobación de esta ley, en función de las competencias y las características de
los servicios que se establecen en la misma.
Disposición adicional segunda. Revisión de los currículos educativos.
El departamento competente en materia educativa debe realizar una revisión de
los currículos educativos con el objetivo de detectar contenidos sexistas o que
favorezcan la discriminación sexual, la vulneración de los derechos de las
mujeres y la violencia machista.
Disposición adicional tercera. Modificación del Decreto legislativo 1/1997, en
materia de función pública.
Se añade una nueva letra, la u, al artículo 116 del texto único de la Ley de la
función pública de la Administración de la Generalidad, aprobado por el Decreto
legislativo 1/1997, de 31 de octubre, con el siguiente texto:
«u) La realización de actos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo,
tipificados por el artículo 5. tercero de la Ley del derecho de las mujeres a
erradicar la violencia machista, y de actos que puedan comportar acoso por razón
de sexo o acoso sexual y que no sean constitutivos de falta muy grave.»
Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley 10/1997, de la renta mínima
de inserción.
Se modifica la letra e del artículo 6.1 de la Ley 10/1997, de 3 de julio, de la
renta mínima de inserción, que queda redactada del siguiente modo:
«e) En el caso de las mujeres que sufren violencia machista o que superan una
situación de violencia machista y que cumplan los requisitos exigidos por esta
ley, únicamente deben tenerse en cuenta las rentas o ingresos de que disponga o
pueda disponer la mujer solicitante, y no se computan en estos casos las rentas
o ingresos de otros miembros de la unidad familiar que convivan con la misma.»
Disposición adicional quinta. Modificación de la Ley 18/2003, de apoyo a las
familias.
Se modifica el artículo 44.1 de la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las
familias, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El Gobierno debe constituir un fondo de garantía para cubrir el impago de
pensiones alimenticias y el impago de pensiones compensatorias. Este fondo debe
utilizarse cuando exista constatación judicial de incumplimiento del deber de
satisfacerlas y este incumplimiento conlleve una situación de precariedad
económica, de acuerdo con los límites y las condiciones que se fijen por
reglamento.»
Disposición adicional sexta. Modificación de la Ley 22/2005, de la comunicación
audiovisual de Cataluña.
Se modifica la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación audiovisual
de Cataluña, del siguiente modo:
a) Se añade una nueva letra, la f, al artículo 132, infracciones muy graves, con
el siguiente texto:
«f) La difusión y realización de contenidos o de publicidad que inciten a la
violencia machista o la justifiquen o banalicen.»
b) Se añade un segundo párrafo al artículo 9, con el siguiente texto:
«Estos servicios también deben respetar los deberes impuestos en este ámbito por
la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.»
Disposición adicional séptima. Modificación del Decreto legislativo 3/2002, de
finanzas públicas de Cataluña.
1. Se añade un nuevo apartado, el 7, al artículo 92 del texto refundido de la
Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo
3/2002, de 24 de diciembre, con el siguiente texto:
«7. Las bases reguladoras de las subvenciones que tengan como beneficiarias a
empresas con una plantilla igual o superior a veinticinco personas deben incluir
la obligación de estas empresas, de acuerdo con los agentes sociales, de indicar
los medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de
acoso por razón de sexo e intervenir en sus centros de trabajo.»
2. Se añade una nueva letra, la f, al artículo 99.1 del texto refundido de la
Ley de finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«La no inclusión o la utilización indebida de los medios indicados por el
artículo 92.7.»
Disposición adicional octava. Modificación de la Ley 1/2001, de mediación
familiar de Cataluña.
Se añade un nuevo artículo, el 22 bis, a la Ley 1/2001, de 15 de marzo, de
mediación familiar de Cataluña, con el siguiente texto:
«Artículo 22 bis. Límite a la mediación.
Debe interrumpirse o, si procede, no debe iniciarse cualquier proceso de
mediación de pareja o familiar en que esté implicada una mujer que haya sufrido
o sufra violencia física, psíquica o sexual en la relación de pareja.»
Disposición adicional novena. Modificación de la Ley 11/1989, de creación del
Instituto Catalán de las Mujeres.
1. Se modifican los artículos 4 y 5 de la Ley 11/1989, de 10 de julio, de
creación del Instituto Catalán de las Mujeres, modificados por la Ley 7/2004, de
16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, que quedan redactados del
siguiente modo:
«Artículo 4. El Instituto Catalán de las Mujeres se rige por los siguientes
órganos:
a) La Junta de Gobierno
b) La Dirección Ejecutiva.»
2. Se modifica el artículo 5 de la Ley 11/1989, que queda redactado del
siguiente modo:
«Artículo 5
1. La composición de la Junta de Gobierno se determina por reglamento. La
Dirección Ejecutiva con rango de dirección general es miembro de la Junta de
Gobierno y es nombrada por el Gobierno.
2. Las personas que son miembros de la Junta de Gobierno deben haberse
significado por su tarea en favor de la igualdad y la promoción de las mujeres.»
Disposición adicional décima. Administración penitenciaria.
El Gobierno ha de establecer los mecanismos necesarios para que en la concesión
de cualquier beneficio penitenciario se emita previamente un informe de la
Administración penitenciaria sobre la situación de la víctima.
Disposición adicional undécima. Información anual del Programa de intervención
integral contra la violencia machista.
El Gobierno debe comparecer anualmente ante el Parlamento para informar de la
ejecución del Programa de intervención integral contra la violencia machista.
Disposición transitoria primera. Impacto social de la Ley.
En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, el departamento
competente en materia de políticas de mujeres, mediante el Instituto Catalán de
las Mujeres, debe encargar una evaluación del impacto social de la Ley. En esta
evaluación deben participar el Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña y
personas profesionales expertas en la materia.
Disposición transitoria segunda. Actualización de la Red de Atención y
Recuperación integral.
El Gobierno de la Generalidad puede actualizar la Red de Atención y Recuperación
Integral para las mujeres que sufren violencia machista, con una frecuencia
bienal, los primeros seis años después de la aprobación de esta ley, con la
finalidad de adecuarla con la rapidez y flexibilidad máximas a las necesidades
de la población de Cataluña, de acuerdo con lo que establezcan las
correspondientes leyes de presupuestos.
Disposición transitoria tercera. Aplicación del Fondo de garantía de pensiones y
prestaciones.
Mientras no se apruebe el desarrollo reglamentario de la presente ley, el
Gobierno de la Generalidad, durante el año 2008, debe efectuar la diagnosis y la
valoración de las necesidades, los recursos y los servicios necesarios para
aplicar el Fondo de garantía de pensiones y prestaciones, establecido por el
artículo 49. La dotación del Fondo debe llevarse a cabo de conformidad con lo
que dispongan las respectivas leyes de presupuestos de la Generalidad.
Disposición transitoria cuarta. Aprobación de los modelos de intervención
integral.
El Gobierno ha de aprobar, en el plazo de un año, los modelos de intervención
integral y los servicios establecidos por los artículos 53.1 y 3.
Disposición transitoria quinta. Aprobación del Programa de intervención
integral.
El Gobierno ha de aprobar durante el año 2008 el programa de intervención
integral contra la violencia machista 2008-2011, establecido por el artículo 80,
que debe incorporar las actuaciones fijadas por los artículos 43, 65, 66 y 67 y
la disposición adicional segunda.
Disposición transitoria sexta. Derecho transitorio.
Mientras no se efectúe el desarrollo reglamentario de los recursos y servicios
que integran la Red, establecidos por el artículo 54, deben aplicarse las normas
dictadas en desarrollo y ejecución de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de
servicios sociales, con relación a las medidas de desarrollo de la Cartera de
servicios sociales.
Disposición derogatoria. Quedan derogadas todas las normas de rango igual o
inferior al de la presente ley que se opongan o la contradigan.
Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.
Se autoriza al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para dictar las
disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente ley.
Disposición final segunda. Normativa supletoria.
En todo aquello no regulado expresamente por la presente ley en materia de
servicios, debe aplicarse con carácter supletorio la Ley 12/2007, de 11 de
octubre, de servicios sociales, y sus normas de desarrollo, así como la
legislación aplicable en cada administración pública competente.
Disposición final tercera. Regulación del Fondo de garantía de pensiones y
prestaciones.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno
debe desarrollar y regular el Fondo de garantía de pensiones y prestaciones para
cubrir el impago de pensiones alimenticias y el impago de pensiones y
prestaciones compensatorias, con carácter supletorio o, si procede,
complementario, del Fondo de garantía de pago de alimentos, a cargo del Estado,
para que ya sea ejecutivo en el plazo de un año después de la entrada en vigor
de la presente ley.
Disposición final cuarta. Previsiones presupuestarias.
El Gobierno ha de efectuar las previsiones presupuestarias necesarias para poder
atender las prestaciones económicas y las prestaciones de servicios reconocidas
por la presente ley.
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley
cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que
corresponda la hagan cumplir
Palacio de la Generalidad, 24 de abril de 2008.
El Presidente, José Montilla i Aguilera.
La Consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila i Palau.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 5123, de
8 de mayo de 2008)
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